Había una vez un hombre que se atrevió a desafiar el sistema más injusto: neoliberalismo.
Creó farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, todo a precio justo y asequible para un pueblo cansado de los abusos y sobreprecios de los grupos de poder económico que operan en Chile.
Fundó la Universidad Abierta de Recoleta, gratuita y de calidad donde miles de personas, no solo ciudadanos de su comuna, se educan día a día. Allí puedes recibir clases en diversas materias al más alto nivel. Ángela Davis fue una de sus profesoras.
Recurrentes son los eventos internacionales realizados en Recoleta que reúnen a artistas e intelectuales del mundo. Verdaderas fiestas de la cultura a las que asiste el pueblo para nutrirse de lo que el famoso “libre” mercado no les ofrece.
La industria farmacéutica no le perdona a Daniel Jadue evidenciar la gran estafa de los sobreprecios y vender medicamentos a bajo costo.
Fue tan potente la iniciativa del Alcalde que su política pública es replicada en diversas comunas de Chile y no sólo por municipios administrados por la izquierda, también los de la derecha. Frente a este escenario miles de personas comenzaron a elegir dichas farmacias en desmedro de las gigantes transnacionales que negocian con la salud de las personas.
Todo lo anterior tuvo un costo que no tardaría en llegar. La operación mediática y judicial de instalar, bajo supuestos y sin prueba alguna, que Daniel estaría cometiendo algún delito.
Se trata del Lawfare, un modus operandi recurrente en América Latina para deslegitimar a líderes progresistas y encarcelarlos a través de montajes e impedir su ascenso e influencia.
Ejemplos como el Presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva, el exVicepresidente de Ecuador, Jorge Glas y el exPresidente Rafael Correa, dan cuenta de aquello.
Para ejecutar el Lawfare se necesita primero construir un clima de opinión a través de los medios de comunicación dominantes y de esta forma justificar la prisión política.
Hace meses sin siquiera existir proceso judicial y menos pruebas contundentes, prensa influyente en Chile anunciaba “prisión”, “amenaza de cárcel” y el carácter de culpable.
Llama la atención el rol que ha jugado particularmente el diario “La Tercera”, al punto de transmitir durante la formalización exclusivamente los alegatos de la fiscalía y de los querellantes y no los de la defensa.
La empresa Best Quality, que ha dado el pie inicial para este caso, cuyo denunciante es un vendedor comisionista condenado en 2019 por estafa, ha sido representada por el abogado Mario Vargas, quien actúa como querellante y defensor de uno de los imputados.
Uno de los querellantes en audiencia reconoció textualmente que no existían pruebas, pero si sospechas.
Cabe preguntarse, si no existen pruebas, ¿por qué dejar a Daniel Jadue en prisión preventiva? La jueza en el caso de Jadue argumenta que hay peligro para la sociedad porque Jadue es alcalde y puede reincidir en actos ilícitos.
Según el Doctor en Derecho y académico chileno, Claudio Nash, este argumento es errado, porque por una parte supone afectar la presunción de inocencia (art. 8.2 CADH) y, por otra, la peligrosidad no se vincula con posibilidad de fuga o afectación del proceso: “Además, la resolución tiene un problema de proporcionalidad. En efecto, si lo que se quiere es evitar la repetición de actos ilícitos, hay otras medidas que logran el mismo objetivo y son menos lesivas de la libertad personal… En este sentido parece razonable pensar que la Corte de Apelaciones modificará la cautelar”.
Algunas voces de actores relevantes en la política del país llaman a respetar a los poderes judiciales, pero diversas son las pruebas de que dichos poderes no actúan bajo protocolos legítimos, incluso se someten a tráfico de influencia de un solo sector político: la derecha chilena.
Esta semana el medio de comunicación CIPER reveló un caso grave de tráfico de influencias en el Poder Judicial, donde un ex Ministro de Piñera y actual candidato a Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ayudó a una jueza a conseguir un cargo en la Corte Suprema.
Ante este hecho, el presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Chile (OTJ), Juez Daniel Urrutia, en entrevista con Piensa Prensa denunció: “Estamos solicitando que se suspendan a los funcionarios involucrados… Estos son actos de corrupción… Es una situación inaceptable… Está en entredicho la administración de justicia en el país… Como organización estamos atentos a que se cumpla el objetivo del Poder Judicial que es resolver de manera imparcial e independiente los conflictos jurídicos que son objeto de su competencia”…
Por supuesto el silencio de los medios de comunicación frente a este tipo de hechos es ensordecedor.
La injusta medida aplicada contra el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, generó un repudio transversal en la sociedad chilena y en el ámbito internacional.
Es de sentido común rechazar que se encarcele sin pruebas a un hombre por el hecho de devolver dignidad a los ciudadanos de su país. Pero, el sistema dominante es poderoso y no tarda en defenderse de lo que puede considerar una amenaza a sus intereses económicos.
Hoy miles se benefician de sus políticas públicas y cada día aumenta el movimiento ciudadano y de destacados políticos nacionales e internacionales que exigen su libertad: #TodosSomosJadue
Por Florencia Lagos Neumann. La autora es corresponsal en La Habana y analista internacional.
X: @FlorenciaLagosN / IG: florencia_lagos_neumann
La Habana, 11 de junio de 2024.
Crónica Digital.
