La diputada comunista por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, anunció que solicitará la realización de una Sesión Especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la implementación y ejecución del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en todo el país.
La petición surge por las denuncias de acoso laboral de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) de la región de Coquimbo, sin embargo, la solicitud pretende extender el análisis al resto de los centros del territorio nacional y estudiar cómo ha operado este servicio -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social- que reemplazó desde el 2021 al Servicio Nacional de Menores (Sename).
“Esta situación nos tiene bastante preocupadas, no solo por el clima laboral en la región y en el resto del país, sino porque esto repercute de manera directa a las personas que son sujetas de protección del Estado, en este caso niñas y niños, tanto en situación de vulnerabilidad social como infractores de ley que deben tener y merecer especial protección por parte de estos servicios que hoy por hoy, dada la condición de implementación pero también de algunas situaciones de acoso y menoscabo va mermado el objetivo principal: la protección y el cuidado de las niñas y niños que pertenecen a estos servicios”, recalcó la diputada.
Además de las denuncias por maltrato laboral, la sesión pretende abordar problemas asociados a fallas en infraestructura, sobrecupo en las residencias, salud mental y consumo de drogas de NNA, falta de personal, asignación de recursos, violencia al interior de estos hogares de protección, entre otras complejidades.
SOBREPOBLACIÓN EN HOGAR DE MENORES
Recientemente tanto la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro como la subsecretaría de la Niñez, Verónica Silva, reconocieron los problemas en el control de fondos destinados a residencias administradas por Mejor Niñez luego de que un reportaje del medio digital “El Mostrador” revelara que millonarios fondos públicos destinados a las infancias fueron mal utilizados por propios funcionarios del servicio, especialmente en el uso de las “gift cards”.
Junto a eso, hace algunos días, el Poder Judicial hizo público el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia” donde se constató una alta sobrepoblación particularmente en las ciudades de Arica (83%), Iquique (80%), La Serena (79%) y Punta Arenas (50%). El estudio realizado en el segundo semestre del año pasado dio cuenta, entre otras cosas, que casi un 40% de las residencias de menores administradas por el Estado se encuentran sobrepobladas.
Santiago de Chile, 11 de junio 2024
Crónica Digital
