La instancia contó con la participación del Ejército y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein voluntariamente ingresaron al Servicio Militar, el parlamentario comunista Matías Ramírez, propuso a la Cámara la necesidad de investigar lo sucedido ese 27 de abril en Putre.
En ese contexto, se constituyó la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el Caso Putre, que ayer 10 de junio, sesionó por primera vez e inició con un minuto de silencio por Franco Vargas. La instancia contó con la participación del Ejército y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein.
“Nos parece impresentable escuchar del Ejército que prácticamente hicieron todo bien. Hicieron una presentación de más de una hora que nos dejó más dudas que certezas, que además durante mucho rato solo fueron generalidades”, comentó el diputado Matías Ramirez.
Más de 41 días han pasado desde el día en que murió Franco Vargas, conscripto que sufrió maltratos y humillaciones junto a otros compañeros que voluntariamente ingresaron al Servicio Militar. “Luego de todas las declaraciones que conocimos estas semanas en medios de comunicación, creemos grave lo sucedido, que bien podría caracterizarse como tortura y que como una sociedad democrática debemos condenar y evitar que se repita”, explicó.
“Esperamos que el Ministerio avance en la modificación de la instrucción militar para que las vejaciones, tratos indignos y humillaciones dejen de ser parte de la formación de quienes ingresan al Servicio Militar”, indicó el parlamentario comunista.
Cabe recordar que existe un debate sobre la existencia de la justicia militar y su potestad frente a casos de conscriptos. Respecto a esta discusión, el diputado por Tarapacá dijo que “se deben cumplir las condenas internacionales contra el Estado chileno respecto de las competencias de la justicia militar. Por eso llamamos al gobierno a que apoye el proyecto de ley que presentamos con la diputada Lorena Pizarro, para excluir de la justicia castrense el conocimiento de causas que estén relacionadas a conscriptos”.
El Juzgado de Garantía de Arica decidió en mayo pasado que el caso por la muerte del joven Franco Vargas, ocurrida durante un ejercicio de instrucción en el servicio militar, quedará en manos de la justicia civil chilena, reportó en esa fecha la agencia de noticias Prensa Latina.
Según el juez, en los lamentables hechos en la comuna de Putre no sólo resultaron afectados militares, sino también civiles, entre ellos Romy Vargas, madre del soldado fallecido.
Hay una víctima que no es militar y esa jurisdicción no tiene la robustez de la unidad de atención especializada del Ministerio Público para proteger sus garantías, aseguró.
El recluta perdió la vida durante una caminata realizada en la madrugada a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar sin la adecuada ropa de abrigo, y cuando ya estaba afectado junto a otros compañeros por un virus respiratorio.
Los responsables del cuartel aseguraron que fue llevado con vida a un centro de atención hospitalaria, pero éste negó la versión y confirmó que ya había muerto cuando lo recibieron.
Otros 45 reclutas debieron ser ingresados, dos en medio de un severo cuadro séptico y a uno fue necesario amputarle una mano.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, que es querellante en el caso, planteó que los jóvenes estaban bajo la protección del Estado cuando ocurrió todo.
Tenemos la convicción, agregó, que vivieron graves violaciones a sus garantías fundamentales y eso debe investigarse y sancionarse en los tribunales civiles.
Santiago de Chile, 11 de junio 2024
Crónica Digital/PL
