Es preciso una investigación en profundidad, amplitud y transparencia.

Por Marcel Garcés Muñoz

El asesinato vil, el sábado 27 de abril- exactamente el día de celebración del  90 aniversario institucional-  de tres Carabineros- un suboficial y dos cabos- que cumplían una labor de patrullaje en caminos de la Araucanía, produjo un sentimiento colectivo de estupor, estremecimiento, pesar, duelo y una legítima condena.

Sin lugar a dudas, no se había llegado a un límite de barbarie, crueldad y alevosía criminal y no hay nada que justifique la acción irracional ejecutada con  premeditación y alevosía.

La Fiscalía deberá investigar a fondo -esto es en profundidad y amplitud y sin estereotipos, prejuicios o meras especula iones interesadas- todas las  circunstancias y las responsabilidades en los hechos y la justicia deberá castigar con el máximo rigor que establezcan las leyes a quienes resulten responsables.

No hay circunstancias, estrategia, reivindicaciones u objetivos que permitan dudas en este sentido.

Dicho esto, es necesario  evitar, por una parte, transformar este proceso doloroso, en un  bajo ataque calumnioso, que pretenda enlodar la honra del gobierno, ensuciar el debate nacional, con un objetivo político subversivo o electoral.

Convertir un legítimo duelo de familiares y amigos de los carabineros caídos, en manifestaciones injuriosas e insultos y amenazas de agresiones a personeros de gobierno y al propio Presidente Gabriel Boric, manipulando la cobertura periodística, y convocando a los políticos y analistas de la Derecha a disfrazar de argumentos “analíticos”, sus acusaciones o consignas – curiosamente coincidentes- no solo infundadas sino que manifiestamente injuriosas- y manifestaciones frete a recintos o edificios policiales, y ente la mirada impávida o condescendiente de uniformados resulta  más que una impertinencia, un irrespeto y una agresión  a la autoridad.

El crimen, su oportunidad y el carácter abominable  de los hechos no puede sino vincularse con el ambiente de odiosidad  exacerbado de una oposición cuyo objetivo traspasa los límites de una expresión política y traspasa los límites de un debate legitimo y democrático,  y se transforma en una agresiva conspiración subversiva destinada a  quebrantar el ámbito institucional y pasar a una desembozada subversión.

Y por cierto, levanta suspicacias, interrogantes y sospechas sobre los autores materiales y los que en batallas de una  guerra interna en desarrollo manejan los hilos de las marionetas, y objetivos reales o efectos del crimen, y una enredada trama de conspiraciones, que se mueven en las sombras, pero dejan sus huellas evidentes.

Una interrogante absolutamente necesaria en este tipo de situaciones, cuya complejidad y oscuridad  obligan a una reflexión objetiva, serena y no contaminada de las consignas de la derecha sobre la realidad,ew pre3guntarse a quién sirven, o qie propósitos se enncubren tras el hecho de terrorismo criminal.

Se debe instalar un  análisis sereno, que  no siempre se ofrece en la retórica politiquera interesada, como la que se hizo evidente cuando políticos y legisladores de la Derecha buscaron aprovecharse de la desgracia de Los Alamos, buscando aprovecharse y manipular el dolor de los deudos, la ofensa y agresión a la institución, que no puede desligarse de la permanente siembra del odio, y a la  creación del “enemigo”, sin tener argumentos que justificaran su virulencia  verbal.

El asesinato del sargento Carlos José Cisterna Navarro y de los cabos, Misael Magdiel Vidal Cid y Sergio Antonio Arévalo Lobo, que sin duda enluta a la sociedad chilena, también no deja de ser junto a una consecuencia de un clima de odio sembrado por la Derecha Política, un montaje propio de una “guerra sicológico y campaña del terror” frente a las legítimas demandas de más democracia y justicia y respeto a sus derechos ciudadanos.

Al mismo tiempo no puede descartarse que  el alevoso  crimen constituya un montaje provocador para justificar una reacción violentista, terrorista, para suspender los derechos constitucionales, y los Derechos Humanos de los ciudadanos, es decir, liquidar la institucionalidad democrática en el país.

Eso ya lo experimentamos, y Chile lo sufrió a partir de septiembre de 1973, con los resultados del genocidio implantado manu militari y con la complicidad de la Derecha empresarial,  sus facciones subversivas y  mediática de la época.

O sea, algo como un “deja vu”.

Veamos algunos ejemplos  de los últimos días:

El domingo 28 de abril, la sección “Reportajes” de “El Mercurio”, el diario que ambientó (o dirigió el Golpe de estado militar empresarial del 11 de septiembre y propició el genocidio implantado por el dictador Augusto Pinochet), publicó a toda página, “Las 100 medidas que preparara la Centro Derecha para enfrentar la crisis de seguridad”, una especie de Manual (hablan de “Programa de Gobierno”), para movilizar a la Derecha, con supuestos objetivos electorales presidenciales, que redactaron ex ministros y funcionarios de Piñera, ( y de Pinochet) mas la “asesoría” de Paz Ciudadana, el centro de pensamiento de la familia Edwards, de El Mercurio , por supuesto.

Las propuestas –dice el matutino, “se estructuraron en 8 ejes temáticos”, entre los que destacan el aumento de Carabineros en 6 mil efectivos”, “un sistema de inteligencia moderno, inversión en tecnología, creación de una Escuela de Agentes de Inteligencia, la convocatoria a la convocatoria de un “Pacto Nacional contra el terrorismo”, con el propósito de generar “un territorio libre de terrorismo”.

Lo que está en el trasfondo del plan es la instalación en el país de la doctrina y la práctica de la “Guerra Interna”, de la ocupación militar de los territorios, la instalación del  concepto y practica de la “Guerra antisubversiva”.

No se trata, claro, de la restauración del orden, la democracia, el dialogo político, como afirman en su propaganda ingenua algunos “demócratas” que se han subordinado a la Derecha neofacista- pinochetista.

La insistencia vociferante, en instalar el “Estado de Sitio” en determinadas regiones, poblaciones, y ojalá comunas y hasta barrios del país, viene a ser un anticipo del objetivo estratégico de los  conspiradores de hoy: instalar como una necesidad el acostumbramiento de la ciudadanía a una presencia castrense represiva e instalar un orden militar totalitario en la vida ciudadana de los chilenos.

Mientras tanto los gremios empresariales, en la Enade 2024, enfrentan al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el cabecilla de la patronal CPC, Ricardo Mewes, le demanda que “los anuncios del Ejecutivo se materialicen en acciones” y El Mercurio ensalza, el 27 de abril- con motivo de su fallecimiento, a los  94 años la figura y la gestión del ex ministro de Hacienda de la Dictadura de Pinochet, Sergio de Castro, a quien califican-en un ejercicio de limpieza de imagen y de justificación de su rol y complicidad con los crímenes bajo la dictadura, como “el arquitecto de la  transformación económica de Chile” con el plan “El Ladrillo”, que sirvió como “catecismo económico” de la subversión de la Armada contra Allende, e implantado a sangre y fuego por la tiranía genocida.

Por otro lado este miércoles 1 de mayo, un grupo de Almirantes y Generales  en retiro de la Armada y de la Fuerza Aérea de Chile, en una carta difundida a todo despliegue por EMOL,  de El Mercurio, se suma a la campaña  de la Derecha y las emprenden  contra lo que califican  como “medidas inútiles” las adoptadas por el Gobierno del presidente constitucional de Chile, Gabriel Boric, en respuesta a la crítica situación generada con el asesinato de los tres Carabineros, en Cañete, agregando que “no sirven de nada los grandilocuentes respaldos retóricos de las autoridades nacionales”.

Además reclaman contra el poder judicial y el sistema de Fiscales Nacionales, exigiendo  un “respaldo jurídico” a las Fuerzas Armadas “con leyes que protejan a quienes deben imponer le ley en lugares de nuestro territorio nacional donde no impera el Estado de Derecho”.

La declaración de guerra de estos Generales y Almirantes en retiro, que se parapetan en su condición  de Altos Mandos en retiro, y por lo mismo se creen con derecho a representar a sus instituciones, amenazan a la democracia, a la institucionalidad y a las autoridades elegidas soberanamente por la ciudadanía

Pretenden quizás constituirse en una especie de Gobierno castrense paralelo- o substituto- en cumplimiento de una misión autoasignada para conducir la nación hacia un futuro promisor, pero bien vigilado, y “tutelar” con las armas en la mano el proceso  del “orden como debe ser”.

El documento de los Almirantes y Generales de la FACH en retiro es mas explícito y constituye un Manifiesto Politico, ( un ”Grito”, como lo caricacterizarían los especialistas españoles en sedición, golpismo y subversión política en los marcos de lo que hoy conocemos como “guerra interna”, que se entrega a la ciudadanía y a la Derecha Política y empresarial.

Si no se les entrega a los uniformados, afirman, independencia frente a la Justicia, leyes que protejan, o encubran, un proceder anticonstitucional, ilegítimo  en una actuación represivo, ¿o subversiva?, “estarían atadas de manos, sin respaldo jurídico y no podrán cumplir con lo que se espera de ellas”.

“Así- amenazan- quienes quieren destruir el alma de nuestro país lo habrán logrado, con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes no se atreven a oponerse”.

Firman, Jorge P. Arancibia Reyes, Miguel A. Vergara Villalobos. Rodolfo Codina Díaz, Edmundo González Robles, Enrique Larrañaga Martin  Julio Leiva Molina (Almirantes ®, ex comandantes en jefe de la Armada y Osvaldo Sarabia Vilches, Ricardo Ortega Perrier “ Generales del Aire ®, en Comandantes en Jefe de la FACH.

Así las cosas, se repite, en lo fundamental el libreto puesto en práctica en 1973, en la etapa preparatoria de terrorismo, asesinatos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y Carabineros, insubordinación, conspiración, terrorismo, montajes y acciones provocativas, infiltración y manipulación mediática (guerra sucia),   que culminó con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Todo ello inserto en un plan de sabotaje económico y la sangrienta dictadura militar-derechista de Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas de entonces, en alianza con el empresariado de la época, (El Mercurio, Kissinger y la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA, claro) y en coordinación con la violencia delictual, narcotráfico y en este caso en particular, de acuerdo a las hipótesis de la investigación, la mafia del robo y contrabando de madera.

Y sabemos cómo terminó aquello. Y el costo q   ue tuvo que pagar Chile, sus ciudadanos, sus familias,  su institucionalidad, la democracia, la confianza, los Derechos Humanos, la vida.

Esto es algo que no podemos permitir.

Es la democracia la que está en peligro.

Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital

Santiago de 3 de mayo 2024
Crónica Digital

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