Por José Oscar Fuentes
Un reporte elaborado en 2023 por el Foro Económico Mundial trajo buenas noticias en la materia, al señalar que la brecha de género se ha cerrado en los últimos años en América Latina de forma más rápida que en otros lugares, al punto de que en la actualidad esta zona geográfica se ubica como la región con el tercer nivel de paridad más alto del orbe.
Sin embargo, tales avances todavía son lentos e insuficientes, si se tiene en cuenta que al ritmo actual de progreso, el área tardará otros 53 años en alcanzar la plena paridad entre hombres y mujeres, según indicó el estudio titulado Informe Global sobre la Brecha de Género 2023, el cual señaló que la principal evolución regional se aprecia en el empoderamiento político, mientras existen mayores rezagos en lo relacionado con el acceso a las oportunidades económicas.
En Perú, por ejemplo, una mujer debe laborar 12 meses para ganar en un empleo lo mismo que un hombre tarda en devengar en ocho meses, puesto que por cada sol que perciben estos últimos, las primeras obtienen solo 0,75; mientras, en Ecuador, ellas reciben en promedio 69 dólares menos en sueldo mensual que sus colegas masculinos por realizar el mismo trabajo; y, en Argentina, la brecha salarial es de un 25 por ciento, cifra que se eleva a 36,5 por ciento en el caso de los trabajadores informales.
Más mujeres al poder
Según el mencionado informe, América Latina ha experimentado una mejora significativa en la dimensión de empoderamiento político, liderada por un ascenso en la proporción de mujeres que ocupan cargos ministeriales y parlamentarios.
Con una proporción del 35 por ciento, esta área tiene la segunda puntuación más alta en la materia después de Europa, al experimentar un aumento de 23,4 por ciento desde 2006.
A ello se suma que varios países promulgaron leyes y reformas constitucionales e implementaron leyes de cuotas de género para aumentar la representación femenina en los cargos políticos, y se aprecia el desarrollo de normativas y compromisos en busca de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en toda su diversidad, en igualdad y sin discriminación.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la presencia de las mujeres en los órganos legislativos creció de manera gradual en los territorios de dicha zona, hasta alcanzar un promedio de 35,8 por ciento a finales del pasado año.
Pero existen diferencias notables entre países, pues solo México, Nicaragua y Cuba mantienen un 50 por ciento o más de presencia femenina en sus parlamentos, mientras en nueve naciones (Haití, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Belice, Brasil, Paraguay, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, y Guatemala) ese indicador no llega a una quinta parte.
Además, las féminas ocupan solo un 28,7 por ciento de los gabinetes ministeriales, en los cuales se encargan sobre todo de sectores vinculados con lo social, y no con áreas políticas y económicas, mientras en los gobiernos locales ocupan un 25,5 por ciento de los puestos. En los últimos 30 años, únicamente 14 mujeres han sido jefas de Estado en América Latina.
“Una democracia plena necesita de la participación igualitaria de las féminas en todos sus procesos. Aun así, la continua violencia y amenazas, tanto en línea como presencial, que sufren las mujeres líderes, las candidatas y las votantes deterioran el potencial de que sus voces y conocimiento atraigan el cambio tan urgentemente necesario para la recuperación económica y social. El mundo no puede permitirse que continúe esta injusticia. Necesitamos un cambio de paradigma que conlleve una igualdad real”, expresó en 2023 la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
La autonomía económica
Las diferencias notables en el plano político son aún más marcadas en materia económica. Si bien ha habido progresos en la participación en la fuerza laboral, la remuneración y la representación en puestos directivos y de liderazgo, la paridad en estos ámbitos se sitúa en 65,2 por ciento, la tercera puntuación más baja en el reporte del Foro Económico Mundial.
El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, difundió en marzo último que una de cada cuatro mujeres (25,3 por ciento) en América Latina y el Caribe no cuenta con ingresos propios, una cifra que casi triplica al comportamiento entre los hombres (9,7 por ciento).
Además, aunque las féminas cuentan como promedio con más años de estudio, solo la mitad de ellas participa en el mercado laboral, en contraste con la tasa de participación de los varones, que es del 75 por ciento.
De igual modo, la pobreza afecta desproporcionadamente al género femenino, pues en la región hay 118 mujeres en situación de pobreza y 120 en pobreza extrema por cada 100 hombres en similar situación, lo cual se agrava más en poblaciones indígenas, afrodescendientes y habitantes de áreas rurales, agregó el titular en un artículo de opinión publicado en la página web de la institución bajo su mando.
El Perfil Regional de Igualdad de Género presentado este año por la ONU apuntó que, además de estar subrepresentadas en el mercado laboral, ellas trabajan menos horas remuneradas que los hombres, tienen tasas de desempleo más altas y ocupan más puestos informales en la mayoría de las naciones del área.
También, se concentran principalmente en ocupaciones y sectores en los que suele haber menor reconocimiento, mayor inestabilidad y salarios bajos.
A decir del reporte, esto se debe tanto a la discriminación por razones de género como, en muchos casos, a la necesidad que tienen las mujeres de contar con trabajos flexibles, que les permitan cumplir con los roles de cuidados no remunerados.
En ese sentido, el secretario general de la Cepal también indicó que las brechas se deben en gran medida a la división sexual del trabajo y la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres, quienes dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados.
Invertir en la igualdad de género
Salazar-Xirinachs destacó que la inversión en la igualdad de género es esencial no solo por razones de justicia e inclusión, sino también desde el punto de vista estratégico, para dinamizar la economía.
“Por ejemplo, la implementación de sistemas integrales de cuidado, para articular servicios de salud, educación y cuidado, y las políticas que permitan reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, facilitaría la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En aquellos países en los que se ha medido el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a la economía, este varía entre un 15,9 y un 27,6 por ciento del Producto Interno Bruto, donde casi la tercera parte de ese aporte lo realizan las mujeres”, apuntó.
Por su parte, la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, manifestó que invertir recursos en las mujeres permitirá tanto lograr la paridad de género como construir economías y sociedades más robustas, resistentes y sostenibles para todos.
Cálculos de la ONU estiman que para acelerar el progreso hacia la igualdad en 2030, sería necesario un financiamiento adicional de 360 mil millones de dólares anuales.
A criterio de la organización, el cierre de las brechas de género en el empleo, por ejemplo, podría aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en un 20 por ciento, al tiempo que reducir las diferencias en asistencia y ampliar los servicios con empleos decentes generaría casi 300 millones de puestos de trabajo para 2035.
“Somos agentes del cambio, agentes del bien, agentes de la construcción de la comunidad, de la construcción de la economía, de la construcción de la sociedad”, expresó Grynspan, quien destacó que las féminas solo son vulnerables porque se han debilitado sus derechos.
Al mismo tiempo, Salazar-Xirinachs subrayó que el mundo actual requiere cambios audaces y transformaciones urgentes, comenzando por poner fin a la exclusión histórica de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y la vida de cada país.
Montreal, 15 de abril 2024
Crónica Digital/PL/Correo Canadiense
