Autoridades chilenas y de la región de Valparaíso denunciaron hoy la intencionalidad detrás de los recientes incendios forestales que costaron la vida a 131 personas y dañaron miles de viviendas.
El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela declaró que la aparición de cuatro focos simultáneos, curiosamente cada uno a 1,7 kilómetros, muestra la planificación de estos siniestros.
Valenzuela insistió en la necesidad de priorizar el trámite de la ley de prevención de incendios forestales y rurales, cuando los parlamentarios regresen del receso en marzo próximo.
La iniciativa, estancada en el Congreso Nacional, obliga tanto al Estado como a propietarios a definir zonas de interfaz urbano-rural en la planificación territorial y a crear cortafuegos, fortalece los instrumentos de gestión forestal y establece sanciones por los incumplimientos.
Los siniestros, iniciados el 2 de febrero, afectaron a las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Limache y están considerados como la peor catástrofe después del terremoto de 2010.
“La intencionalidad hoy día está completamente confirmada. De hecho, hay un fiscal dedicado exclusivamente a la investigación”, afirmó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
Las indagaciones comenzaron en el sector de Peñuelas, lugar donde se inició el fuego, que luego se expandió por sectores densamente poblados debido a los fuertes vientos.
Estas pesquisas permitieron establecer patrones comunes con respecto a los registrados en la misma región el año pasado, entre ellos su ocurrencia en horas de la tarde y preferiblemente los viernes.
A ello se suma el reciente hallazgo de cenizas con un tipo de hidrocarburos en el sector de Peñuelas, por donde comenzaron a expandirse las llamas.
Varios parlamentarios impulsan la creación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley a los autores. Un paso fundamental en la detención del fenómeno, sería el avance en el Congreso del proyecto presentado en 2020, el cual busca prohibir en un plazo de 30 años el uso de un terreno afectado por incendios para plantaciones forestales, fines agrícolas o programas inmobiliarios.
El objetivo es que en la zona quemada vuelva a crecer el bosque y eliminar cualquier incentivo para utilizar el fuego como método informal de cambio en el uso del suelo.
Santiago de Chile, 14 de febrro 2024
Crónica Digital/PL
