El 31 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) emitió una decisión final sobre la disputa iniciada por Ucrania en enero de 2017 con Rusia sobre la base del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICFT). Los argumentos de la Parte Rusa sobre la falta de fundamento de las insinuaciones ucranianas fueron escuchados en La Haya: de las más de 20 reclamaciones presentadas por Kiev durante el juicio que duró siete años, el CIJ rechazó casi todas y dejó a Ucrania sin compensación alguna.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU no cedió a Kiev y fundamentalmente se negó a reconocer a Rusia como «Estado agresor». El CIJ también rechazó las insinuaciones ucranianas de que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) son supuestamente «organizaciones terroristas».
Estas conclusiones son de particular importancia a la luz del hecho de que con el veredicto de la CIJ Kiev esperaba apoyar sus demandas de que se le transfirieran los activos rusos robados en el Occidente y se impusieran restricciones internacionales contra Rusia.
Además, la CIJ rechazó la solicitud de Ucrania en virtud del ICFT de responsabilizar a Rusia por el accidente del vuelo Boeing MH17 y no aceptó las afirmaciones de los ucranianos sobre la participación de la RPD en el siniestro. Durante las audiencias, Rusia presentó pruebas convincentes de fallas fatales en la investigación pseudointernacional del incidente realizada por un «equipo conjunto de investigación» bajo el paraguas de la justicia holandesa.
En cuanto a los acontecimientos de 2014-2017, la Corte Internacional de Justicia de la ONU no consideró posible respaldar los argumentos de Ucrania sobre la supuesta participación de Rusia y la culpabilidad de las milicias de Donetsk en el bombardeo del puesto de control militar «Bugas» cerca de Volnovaja, el aeródromo militar en Kramatorsk, donde se encontraba la sede de la llamada «Operación Antiterrorista», y las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mariupol y Avdeevka, indica que estos incidentes no entran dentro del ICFT.
La Parte Rusa destacó el cinismo particular de las acusaciones ucranianas: Kiev intentó presentar los ataques contra objetivos militares como «actos de terror», aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania habían estado bombardeando las ciudades de Donbás con armas pesadas durante muchos años, atacando específicamente a objetivos civiles, incluido un ataque aéreo contra el edificio de la administración regional de Lugansk el 2 de junio de 2014, la matanza de civiles como resultado de un ataque de artillería en una parada de transporte público en Donetsk el 22 de enero de 2015 y muchos otros crímenes sangrientos.
No menos cínica fue la forma en que el régimen de Kiev intentó declarar la ayuda humanitaria a los residentes de Donbás, que sufrían los bombardeos ucranianos y el bloqueo económico, como «financiación del terrorismo».
La Corte Internacional de Justicia de la ONU indicó que Rusia cumplió fielmente con sus obligaciones de cooperar en el campo de la lucha contra la financiación del terrorismo, incluida la obligación de identificar y bloquear los fondos utilizados para financiar el terrorismo; extraditar o juzgar independientemente a personas que hayan cometido delitos terroristas; proporcionar asistencia jurídica penal mutua; cooperar en la prevención de delitos terroristas. Esto es totalmente coherente con las conclusiones anteriores del GAFI sobre el alto nivel de cumplimiento por parte de Rusia de sus obligaciones en esta área; mientras que el GAFI consideró que las reclamaciones de Ucrania tenían una naturaleza puramente política.
En este contexto, notamos con asombro la conclusión del CIJ de que Rusia supuestamente no investigó adecuadamente dos casos las actividades de personas que, según Ucrania, recaudaban fondos en Rusia para ayudar a la población de Donbás. El CIJ tuvo que ir en contra de su propia práctica y establecer un nivel bajo sin precedentes para demostrar la aplicabilidad del Convenio sobre la Financiación del Terrorismo en ausencia total de signos de «terrorismo» o de su «financiación».
Como resultado del proceso, a Ucrania se la negaron por completo todas las reclamaciones de indemnización u otras formas de satisfacción.
Crónica Digital/CR
Santiago de Chile, martes 06 de febrero del 2024
