La diputada nacional por Unión por la Patria Gisela Marziotta cuestionó la denominada “Ley Ómnibus” de Javier Milei y advirtió que su aprobación representa una forma de golpe de Estado encubierto: un “neogolpe institucional contra la democracia”. En su intervención, en el Parlamento interpeló a los diputados que le darán los votos necesarios a la iniciativa de la ultraderecha de “La Libertad Avanza” (LLA) y aseguró que van a dejar de ser “dialoguistas” para pasar a ser “colaboracionistas de un Gobierno represivo”.
Si bien recordó que Javier Milei fue elegido con las herramientas democráticas, advirtió que “ahora pretende que este Congreso legitime su autodestrucción”. Por eso, afirmó: “Algunos dijeron que se está tratando una reforma encubierta de la Constitución, yo digo que esto es la supresión de la Constitución”. Señaló que este escenario va a hacer que el Presidente pueda “gobernar por decreto ley”, lo que, recordó, es “lo mismo que hizo la dictadura militar”.
Poco después de la intervención de la legisladora, con 144 votos a favor y 109 en contra se aprobó en general la “Ley Ómnibus” enviada por Milei. El martes próximo se retomarán las sesiones en el Congreso para tratar el proyecto en particular. El sector “dialoguista” de la oposición fue clave para que el Ejecutivo obtuviera la aprobación. Aparte de LLA, contó con el respaldo de legisladores de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Propuesta Republicana (PRO), y otros grupos menores como Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre, Creo, Avanza Libertad y Unidad Mendocina.
En La víspera, la policía disparó balas de goma contra decenas de personas, durante el segundo día consecutivo de manifestaciones contra la “Ley Ómnibus”, que dispone la privatización de las empresas públicas, la atribución de facultades legislativas al Ejecutivo y la declaración de un período de emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Además, los efectivos usaron bastones, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para sacar a los ciudadanos de las calles.
CONDENA A REPRESION DEL REGIMEN
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó la represión contra manifestantes reunidos alrededor del Congreso para rechazar las medidas que el Ejecutivo se propuso imponer.
“El Gobierno no para de demostrar su vocación totalitaria, tanto dentro como fuera del Congreso. El decreto de necesidad y urgencia y la Ley Ómnibus requieren la represión de cualquier disidencia porque van contra los intereses del pueblo argentino”, escribió el defensor de los derechos humanos en su perfil en la red social X.
“Paren la represión, respeten la Constitución”, añadió.
Por su parte, el politólogo Atilio Borón indicó: “Jubilados indefensos brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad del ‘régimen’ de Milei y su verdugo oficial Patricia Bullrich. La democracia argentina en acelerada descomposición, dentro del Congreso y en las calles. Se está armando la ‘tormenta perfecta’. Esto no quedará así”.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudió el accionar de las fuerzas de represión contra manifestantes frente al Congreso de la Nación y denunció que al menos 30 profesionales del sector resultaron heridos. “Desde Sipreba repudiamos la represión contra quienes se manifestaban mientras se discutían reformas regresivas para la sociedad. Asimismo, rechazamos los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a profesionales de prensa que sufrieron heridas por hacer su trabajo”, señala un comunicado de la organización.
Asimismo, precisó que entre los lesionados se encuentran Víctor Carreira y Alfredo Luna, de la agencia Télam; Lorena Tapia, de la Televisión Pública; Bernardino Ávila (Página 12) y Hernán Nucera (canal C5N), quien recibió cuatro balazos.
Sipreba también indica que el reportero de La Izquierda Diario, Kresta Pepe, recibió un balazo de goma en la cara; Jerónimo Rojas (Agencia Télam) fue golpeado en las costillas y la fotógrafa Paula Acunzo fue baleada en las piernas y sufrió quemaduras por gas con productos químicos.
El sindicato también rechazó “el intento del Gobierno de privatizar los medios públicos, cerrar la Defensoría del Público y terminar programas de fomento, entre otras decisiones, que afectan directamente a la libertad de expresión y al derecho a la información”.
Por su parte, la Central de Trabajadores de Argentina – Autónoma (CTA–A) anunció que permanece en estado de alerta y movilización, sobre todo tras la represión a manifestantes que rechazan las medidas del Gobierno. En un comunicado, calificó lo sucedido de atropello a la democracia y al pueblo que defiende sus derechos conquistados. “Denunciamos el operativo absolutamente desmedido que terminó con heridos por balas de goma, quemados por el gas pimienta y detenidos”, añade el mensaje.
Repudió “la violenta represión ante una manifestación pacífica contra una ley con la que el Gobierno de Javier Milei pretende poner una bandera de remate a Argentina y legalizar la criminalización de la protesta social”.
Sobre la iniciativa legislativa de la ultraderecha, precisaron: “Nuestra Central exige que los diputados nos representen con dignidad y legislen para el bienestar de los trabajadores y no para la voracidad de las empresas transnacionales. Volvemos a decir que la Patria no se vende, se defiende”.
Con información de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina.
Buenos Aires, 2 de febrero 2024.
Crónica Digital.
