La región peruana de Puno volvió hoy a la normalidad después de una jornada en la que demostró masiva y pacíficamente su clamor de investigación y sanción por la muerte de 20 civiles en manifestaciones antigubernamentales.
Las actividades se normalizaron tras la vigorosa notificación de que los puneños no se resignan a la impunidad de las muertes, expresada a todo el país al cumplirse un año de la matanza de 18 manifestantes del 9 de enero de 2023.
La protesta se centralizó en la ciudad de Juliaca, donde cayeron 18 manifestantes, en su mayoría jóvenes y entre ellos un médico que atendía heridos y más de uno que ni siquiera participaba en el asedio al aeropuerto lugareño, en cuyo entorno se produjeron la mayoría de las bajas.
El conocido periodista Liubomir Fernández aseguró que la concurrencia superó el masivo cortejo fúnebre que hace un año acompañó el sepelio de las víctimas y la movilización de ayer contó con la presencia de delegaciones de las otras 12 provincias de Puno.
A los caídos en Juliaca se sumaron otros dos en otras provincias, así como seis soldados ahogados al cruzar un río cuando retornaban a su cuartel, hecho también pendiente de esclarecimiento.
Como parte de las actividades recordatorias del aniversario de la masacre, se inauguró en Juliaca un monumento en homenaje a todas las víctimas, es decir los 20 civiles y los seis militares y se estrenó el documental “Puno si es el Perú”, que evoca lo sucedido hace un año.
Los manifestantes quemaron por otra parte un monigote que representaba a la presidenta Boluarte -cuyo ascenso al cargo motivó las protestas- y pasearon burros con los retratos de varios parlamentarios a quienes los puneños consideran traidores.
En Lima, la ex primera ministra Mirtha Vásquez comentó que Puno es “un pueblo pacífico pero que nadie doblega, que defiende sus derechos y hace respetar ciudadanía; eso les ha costado 20 vidas, la mayoría jóvenes; los que ordenaron el ataque deben responder”.
El comentarista de televisión Carlos Cornejo, lo de hace un año fue “una masacre a manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes dispararon a matar a población desarmada”.
Para la legisladora progresista Silvana Robles, “Puno sigue exigiendo verdad y justicia que reparen en algo el dolor de los deudos, pero solo ha encontrado silencio, discriminación e impunidad que profundizan sus heridas y hacen imposible una reconciliación entre peruanas y peruanos”.
Desde España, la analista Laura Arroyo señaló que la protesta de Puno “confirma que el pulso democrático se sostiene con intensidades distintas contra el régimen. La resistencia ES movilización”.
“Tras las desmedidas acciones represivas permitidas por la cadena de mando, con medio centenar de ejecuciones extrajudiciales ¿cómo puede el primer ministro Alberto Otárola pedir ‘mirar hacia adelante’?”, apuntó la exministra de la Mujer Gloria Montenegro.
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Lima, 10 de enero 2024
Crónica Digital/PL