Los resultados de la reciente Prueba de Acceso a la Educación Universitaria (PAES) abrieron un intenso debate sobre el estado crítico de la educación en el país, particularmente por las brechas que persisten e incluso se han ensanchado, como se observa en el hecho de que solo dos establecimientos municipales están entre los 100 colegios con mejores puntajes, en un ranking que resultó liderado por colegios particulares pagados.
Desde el campo de la oposición, se ha pretendido afirmar que todo aquello es el resultado combinado de las reformas a la educación introducidas durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que recogió las demandas de los movimientos estudiantiles, con los actuales déficits en materia de gestión de la Administración del Presidente Gabriel Boric. Se pretende ocultar que los problemas de la educación tienen orígenes profundos, que se remontan a la profunda redefinición que la dictadura introdujo en la materia.
La radical refundación del sistema educacional impuesta por la dictadura tuvo uno de sus hitos principales en las Directivas Presidenciales para la Educación, que Augusto Pinochet dio a conocer el 5 de marzo de 1979, con los cuales el general dio la partida a “un poderoso impulso renovador de la enseñanza nacional”, según sus palabras reproducidas por el diario “El Mercurio”.
Fue entonces que “se emprende la tarea de adecuar estrechamente la estructura, contenido y funcionamiento de la educación a las necesidades y las exigencias del modelo global de desarrollo (…) Se emprende un conjunto de transformaciones de fondo, engarzadas entre sí y presididas por una lógica neoliberal, claramente privatizadora y sustentada en el mercado como regulador de la actividad social”, como señala una investigación del profesor Iván Núñez Prieto, Premio Nacional de Educación, sobre la “evolución de la política educacional del régimen militar”.
Ya por esos días se previó y advirtió que la nueva concepción y modelo de la educación chilena traería aparejado un conjunto de problemas en materia de equidad y brechas. Las fuerzas políticas y económicas que sostenían a la tiranía no escucharon.
Así queda de manifiesto en la revista “Hoy” N° 95 del 21 de marzo de 1979 cuyo tema de portada era, precisamente, “la nueva educación” que el régimen había anunciado. Como se sabe, el semanario era uno de los escasos medios informativos de la disidencia. En un amplio reportaje de tres páginas y en su sección de Opinión se recogían opiniones sobre el proyecto del régimen, orientada a propósitos –consignaba– como “una universidad despolitizada”, “estimular la enseñanza privada” y formar “buenos trabajadores” y “buenos patriotas”.
Edgardo Boeninger había sido Rector de la Universidad de Chile hasta el golpe de Estado y tenaz opositor al Gobierno de Salvador Allende. Sobre las Directivas Presidenciales dijo en 1979: “El proyecto es socialmente regresivo: habrá una educación barata y mala para los pobres y otra cara y de alta calidad para los ricos”.
Como se sabe, Boeninger fue Ministro Secretario General de la Presidencia en el Gobierno de Patricio Aylwin.
Miguel Salazar había presidido la fracción opositora de la FESES hasta el golpe de Estado, al que contribuyó con la generación de clima de desestabilización en el período anterior a que se consumara el derrocamiento de Allende en 1973. Ahora, casi cinco años después habló del proyecto educacional que la dictadura comenzaba a imponer: “Todo quedará en manos de particulares. El Estado no puede abandonar su responsabilidad. Ahora no sólo será un privilegio ingresar a la universidad, sino también a un liceo. No puede ser, porque para desarrollar un país es indispensable tener gente preparada”.
Fernando Molina, ex Vicerrector de la Universidad Católica y además “experto en educación de organismos internacionales”, declaró categórico: “Así como el exceso de intervención estatal conduce al burocratismo y al totalitarismo, el dejar gran parte de la enseñanza en manos privadas –como si fuera un negocio más– equivale a establecer un darwinismo social que fortalece a los fuertes, es decir, a los dueños del dinero”.
Molina fue Embajador de Chile en México en el Gobierno de Ricardo Lagos, y el 2022 fue uno de los académicos que suscribió una declaración llamando a optar por el Rechazo en el plebiscito constitucional.
La revista “Hoy” reprodujo también una columna de Máximo Pacheco Gómez, quien fue Ministro de Educación del Gobierno de Eduardo Frei Montalva. En materia de diagnóstico, consignó su preocupación por el hecho de que la educación parvularia, básica y media hubiera disminuido “considerablemente” su “ritmo de crecimiento” durante los cinco años y medio de dictadura “en relación con el que existió en los períodos 1964–1970 y 1970–1973”. Del mismo modo, anotó Pacheco, “me preocupa la disminución considerable del presupuesto que se destina a la educación, en relación con iguales períodos”. Sentenció: “Todo esto demuestra que durante los últimos cinco años y medio la educación no ha sido función preferente del Estado”.
Detalló: “Considero altamente perjudicial el traspaso de las escuelas técnico–profesionales a personas privadas. Con esta medida el Estado se desprende de escuelas que le pertenecían tradicionalmente y que, en otras épocas, procuró desarrollar en forma significativa con el objeto de capacitar a los jóvenes para el desempeño de funciones técnicas requeridas por el desarrollo económico y social. Con ello el Estado rompe el principio de subsidariedad, porque entrega a los particulares lo que él realiza eficientemente”.
Su crítica más sustanciosa fue la siguiente: “Me alarma, profundamente, la declaración de que ‘la posibilidad que el Estado expanda aún más su labor educacional debe considerarse improbable’. Ha sido tradición en Chile que la educación pública sea atención preferente del Estado. Durante todo el siglo XIX y hasta 1973 los gobernantes comprendieron con clarividencia el insustituible papel de la educación en la formación y la consolidación de la nacionalidad y le otorgaron una alta prioridad en el presupuesto de la nación. El limitar ahora su expansión es renegar de la tradición cultural de Chile”.
Pacheco fue uno de los fundadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y, luego del fin de la dictadura, fue Senador y Embajador de Chile en El Vaticano.
En el editorial de la revista, el subdirector Abraham Santibáñez –más tarde Premio Nacional de Periodismo– reflexionaba sobre los diversos y numerosos cambios que la dictadura había emprendido por esos días y aseveraba: “Es posible que lo que se diga no sea escuchado. Pero tenemos la certeza de que, tarde o temprano, y probablemente más temprano de lo que creemos, muchos criterios tendrán que revisarse”.
Han transcurrido casi 45 años desde esas reflexiones frente al proyecto de nueva educación de la dictadura y que parecieran estar escritas hoy mismo.
La contundente realidad muestra que este ejercicio de memoria no se trata de un asunto del pasado. Tampoco de caminar con los ojos puestos en la espalda. Más bien nos muestra el imperativo de profundizar las transformaciones positivas que han sido iniciadas en los últimos años para que la educación sea en verdad un pasaporte hacia el futuro.
Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista, ex Ministro de Estado y Director del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
