Puestos a designar a un grupo de personas que debían redactar una nueva Constitución para Chile, una mayoría circunstancial con grandes dosis de rabia al votar decidió elegir a un grupo mayoritariamente de un sector, que insuflados con ese triunfo electoral decidieron hacer una Constitución a su pinta y gusto, dejando absolutamente afuera a sus contradictores minoritarios. Esto, que pasó en el primer proceso constitucional, increíblemente pasó también en el segundo.
Sin embargo, una vez creados los respectivos monstruos, la misma ciudadanía reparó en el desvarío cometido y rechazó sucesivamente las dos propuestas constitucionales partisanas. Cuando realizas un giro en 360 grados, las matemáticas nos enseñan que quedas en el mismo punto inicial. Es por ello que una primera conclusión de todo este largo proceso constitucional, es que la ciudadanía ha demostrado tener mucha mayor lucidez que la clase política respecto de la manera de decidir el futuro. Cambios si, refundaciones no.
¿Ha sido todo esto entonces una gran pérdida de tiempo y dinero? No necesariamente. El proceso tuvo la gran virtud de canalizar una grave crisis del sistema democrático que amenazó –incluso– con interrumpir el periodo presidencial anterior hace algunos años. Como sea, el proceso constitucional cambiante fue la manera de enfriar un estallido social que amenazaba con llevarse todas las instituciones a su paso. Se reclama que el proceso costó varias decenas de millones de dólares, suma relevante, pero –puesta en contexto– es una cifra sensiblemente menor que, por ejemplo, la que el país ha perdido por corrupción o fraudes. Sólo una idea: con el dinero del megafraude del caso “Tributos” se habrían financiado varios procesos constitucionales. El desafío para el futuro inmediato –entonces–es abocarse a los graves problemas que aquejan al país: delitos violentos en niveles inaceptables, economía con índices muy bajos de actividad, crisis estructurales en materia de educación, salud y previsión y persistentes actos de corrupción desde el mundo público y escándalos de fraude en el mundo privado.
Por supuesto, es el gobierno el que debe tener el liderazgo en la mayoría de estos temas. Pero la oposición tiene un rol irremplazable para poder alcanzar acuerdos relevantes, ya que todos los problemas que hemos enumerado exigen reformas en el Congreso Nacional. La tentación de la oposición será alta para negarle “sal y agua” al gobierno, probablemente dándole la misma receta que éste utilizó en el pasado.
Pero el riesgo de esta política lo conocemos mirando al otro lado de los Andes, con el triunfo de un outsider improbable como Milei. La ciudadanía no tolerará más cachetadas de payaso entre partidos con escasísimos niveles de representación y credibilidad y fácilmente le entregará sus votos a quien ofrezca terminar con “la casta”. Es pues, inevitablemente a mi juicio la hora de los acuerdos, el diálogo y las transacciones. Veremos si la política está a la altura.
Imagen: Redes Sociales.
Por Carlos Gajardo Pinto. Abogado y Asesor de la carrera de Derecho de la UTEM.
Santiago, 20 de diciembre 2023.
Crónica Digital.
