Partidos políticos y organizaciones humanitarias se suman hoy al rechazo suscitado en Chile por el nuevo proyecto de Constitución, considerado regresivo en materia de derechos sociales y libertades individuales.
Tras analizar el texto, el Partido Socialista (PS) llamó a votar en contra en el plebiscito de diciembre y advirtió que esta carta magna no unirá al país.
La propuesta de ley fundamental, impuesta por la mayoría de derecha, en particular del Partido Republicano, amenaza los derechos de las mujeres al poner en riesgo el aborto por tres causales: inviabilidad fetal, peligro para la madre o violación, señaló el PS.
Por otra parte, afirmó, no se garantiza el acceso a la educación, salud y seguridad social y se obliga al Estado a mantener entidades privadas como las administradoras de fondos de pensiones que lucran con los ahorros de los jubilados y les entregan míseros retiros.
Una posición similar expresó el Partido por la Democracia (PPD), que llamó a sus militantes a votar en contra de la propuesta emanada del Consejo Constitucional.
Para el PPD, este proyecto es peor que la Constitución impuesta a sangre y fuego por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En opinión de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el texto constituye un grave retroceso civilizatorio y un serio obstáculo para la paz social.
Advierte la organización, que esta ley relega el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido.
El texto perpetúa la injusticia hacia los pueblos indígenas, restringe el derecho a huelga, mantiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e institucionaliza la xenofobia hacia los migrantes, denuncia la comisión.
También favorece con la impunidad a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.
La propuesta será entregada en una ceremonia el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar a un plebiscito con voto obligatorio para el 17 de diciembre.
Una encuesta reciente publicada aquí señala que 51 por ciento de los chilenos rechazaría la ley fundamental, 34 de cada 100 la aprobaría y 15 por ciento no sabe o no responde.
Santiago de Chile, 2 de noviembre 2023
Crónica Digital/PL