El ministro chileno de Educación, Marco Antonio Ávila, enfrenta hoy en la Cámara de Diputados una acusación constitucional promovida por la oposición que, para varios políticos, tiene tintes de homofobia.
A Ávila se le señala de vulnerar el derecho de los padres a formar a sus hijos, sobre todo por los programas de educación sexual que promueve esa cartera, algunos de los cuales surgieron durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Para la ministra Secretaria General del Gobierno, Camila Vallejo, el juicio político contra el titular está inspirado en la homofobia.
El libelo acusatorio no tiene argumento jurídico que lo sostenga, afirmó Vallejo, quien dijo esperar que no existan mayorías para avalar un acto tan elevado de discriminación contra un ministro de Estado.
Dos diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente, Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, aludieron a la homosexualidad de Ávila cuando preparaban la acusación en su contra.
A esto se sumaron las declaraciones ofensivas contra el funcionario por su orientación sexual pronunciadas por la diputada María Luisa Cordero, de Renovación Nacional, y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano e impulsora del denominado “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda.
Para el diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, la acusación contra Ávila es el acto de agresión a los colectivos LGBTIQ+ más grande de la historia.
“Es realmente triste lo que hemos visto en el debate público estos días, en pleno siglo XXI: homofobia contra el ministro de Educación y negacionismo en defensa de la dictadura de Pinochet y el golpe. Doloroso. Eso es la ultraderecha”, escribió en Twitter la también legisladora Emilia Schneider.
La víspera, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados rechazó por tres votos a dos la acusación contra Ávila, no obstante, la decisión carece de carácter vinculante por lo que hoy será sometida a la consideración del plenario de la instancia legislativa.
De prosperar el libelo en el Congreso Nacional, el secretario de Estado será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
Santiago de Chile, 12 de julio 2023
Crónica Digital/PL
