En declaración conjunta, las funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), agrupados en ANDEDH y AFFINDH, denunciaron que la nueva Ley Nain–Retamal es “un retroceso en materia de Derechos Humanos”, puntualizando que su riesgo de “impunidad es muy alto, al propiciar un escenario favorable para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos queden sin justicia, sin reparación y donde no hay espacio para las garantías de no repetición”.
“Como trabajadoras y trabajadores de Derechos Humanos no podemos quedar ajenos ante al actual contexto sociopolítico, de populismo penal y legislativo, que tiene como correlato el menosprecio de los derechos humanos y falta de protección por parte del Estado”, señalaron. En ese sentido, las agrupaciones indicaron que constatan “con desazón que la defensa de derechos se viene a cuestas, con una legislación donde el Estado ofrece menos garantías para su protección”.
Recordaron, asimismo, el accionar de Carabineros en el estallido social, cuando murieron personas, cientos sufrieron heridas graves con secuelas permanentes y pérdida de la visión, y miles fueron detenidas de manera arbitraria.
Añadieron que “es un claro deterioro en la democracia y una mala noticia para la paz social. El Estado debe garantizar la seguridad de las personas, pero dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, y no cediendo frente a medidas que pueden tener un alto impacto en la población”, advirtiendo que “el retroceso en el respeto y garantía de los Derechos Humanos está siendo vertiginoso”.
Al respecto, cuestionaron, “la medida anunciada por la Fiscalía de Chile de solicitar la prisión preventiva a todas las personas extranjeras no regularizadas representa una medida discriminatoria y desproporcionada, atentando contra sus derechos”. Denunciaron que “el eco que han hecho los medios de comunicación hegemónicos del anuncio es impresentable. El solo hecho que personas migrantes (familias, niños, niñas) estén en situación irregular, no puede acarrear prisión preventiva; eso compromete la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos”.
Finalmente, llamaron a que “el Consejo del INDH se pronuncie desde la perspectiva de los estándares internacionales en materia de DDHH y que se apegue al mandato de defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan el país”.
“En este grave contexto no puede guardar silencio, debe activarse y monitorear el comportamiento del Estado en su conjunto. Por otra parte, tiene el deber de cuidar a sus equipos trabajando por la defensa de los derechos en distintos frentes, generando alertas tempranas para el desempeño de las funciones habituales. Es fundamental incorporar los aprendizajes del estallido (social) y cuidarnos entre todas y todos”, concluyeron.
Santiago, 9 de abril 2023.
Crónica Digital.
