Por Marcel Garcés Muñoz
Sin duda la filtración en setiembre pasado, de 400 mil documentos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas chilenas, con el rótulo de “confidencial”, “secreto” y “ultrasecreto”, constituyó un fuerte golpe a la confiabilidad del organismo que agrupa a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas del país y ejerce una coordinación de toda la llamada Comunidad de Inteligencia Nacional.
De acuerdo a las informaciones la operación, realizada por un grupo de hackers que se identificaron como “Guacamaya” expuso comunicaciones, mails institucionales, con destalles de la doctrina, tanto dentro del país, de las instituciones y de la política exterior y del accionar en áreas sensibles de la Defensa Nacional, como la ciberseguridad, el sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales en las fronteras, y programas para almacenar datos de inteligencia.
El accionar de los hackers abarcó por lo menos cinco años.
El daño provocado contempla informes del Comando Conjunto Norte y del Comando Conjunto Austral, además de la labor correspondiente de los Agregados de Defensa chilenos en todo el mundo, cuya magnitud no se ha informado, pero permite suponer el perjuicio.
Hasta allí se comprende la alarma y preocupación de los círculos castrenses y del gobierno, porque evidencia una falla grave de la seguridad de la operación y conducta de la inteligencia militar nacional y de su incapacidad e ineptitud en garantizar la reserva y prevención de daños en un área tan sensible de la Defensa Nacional.
Pero hay un aspecto que no ha merecido la atención que se requiere y que representa una falla grave de la doctrina y practica que se expone por parte del accionar de los servicios de inteligencia castrenses y de la Comunidad de Inteligencia en general, en relación a la ciudadanía y sus derechos, a la institucionalidad democrática, y revelan un peligroso comportamiento respecto de la política interna y facultades de los todos los chilenos.
De los pocos documentos puestos en conocimiento por los medios de comunicación, llama la atención la mantención como hipótesis de trabajo, y como “objetivos” (o será como “¿enemigos?”) de investigación de la “inteligencia”, de personeros y partidos políticos, sociales, juveniles, líderes de pueblos originarios y otros “sospechosos”.
La pregunta es evidente ¿forma parte del accionar de la labor de la Inteligencia Militar considerar una parte de la ciudadanía como “enemigos“ de los marcos de un concepto de “Guerra Interna”?, los mismos conceptos que puso en práctica la dictadura militar derechista, empresarial, neoliberal, subordinada al Pentágono y la Casa Blanca, de Augusto Pinochet?.
¿Cómo se explica que la Inteligencia militar haya vigilado incluso el funeral del periodista, poeta y cantautor nacional, escritor, Patricio Manns, fallecido el 2021, y entregado luego al informe correspondiente?
¿Cómo se explica la vigilancia de líderes mapuche en la región del sur del país, como consta en los informes correspondientes, y lo que dijeron algunos jefes navales de su lucha, e incluso la amenaza del uso de las armas en contra de manifestantes.
¿Es una labor honorable espiar (perseguir) a líderes políticos y sociales?
¿Es acaso un trabajo digno de un soldado participar en una definición como “enemigo” a su vecino, su pariente, a sus hijos y en consecuencia participar en acciones hostiles, persecución o crimen en su contra, en defensa de un modelo político, económico y social injusto?
Hay documentos en que la Dirección de Inteligencia del EMCO, informaba en 2021 e inicios del 2023 detallaba al entonces ministro de Defensa, Baldo Procuriza la situación diaria en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, con la cantidad de efectivos desplegados, vehículos en uso, lugares de patrullaje y otros hechos relevantes para una estrategia de vigilancia, persecución y represión.
Muchas de las casillas vulneradas son de la Dirección de Inteligencia del EMCO. En ellas figuran anexos con reportes diarios sobre la seguridad pública en Santiago y regiones – y vigilancia policíaca y sobre su pensamiento político y derechos ciudadanos y democráticos de disentir o expresión, en tiempos de excepción constitucional.
Se trata evidentemente de un protagonismo indeseable en un ámbito que no les compete, en un escenario de la contingencia política y social al que algunos elementos de la derecha sediciosa de hoy, quisieran llevarles en medio de una estrategia de contraponerse al gobierno legítimo del país.
Sabido es y lo confirma la experiencia vivida bajo la dictadura de Pinochet que la “Inteligencia” puede ser utilizada como un instrumento provocador del terrorismo y, como una perversión de su labor que perfectamente pueden o son estimulados a traspasar los límites morales que deberían comprometer su labor dentro de un concepto de institucionalidad democrática.
Muchas veces el análisis político de la coyuntura y una labor de inteligencia, de recolección de información, puede ser utilizados para una cobertura de la infiltración, promoción del terrorismo, de espionaje, manipulación, subordinación a planes subversivos ideados por camarillas políticos populistas y neofacistas, al ejercicio de propuestas de “acción”, de políticas, de manipulación, de provocaciones y hasta crímenes.
¿Recuerdan a los “audaces” y vociferantes violentistas de la época de la Unidad Popular, que tras el 11 de septiembre de 1973, aparecieron vistiendo uniformes y luciendo “grados” al servicio de la DINA e incluso se convirtieron en cómplices de asesinatos, torturas, exilios o aprisionamiento de militantes de la izquierda?.
La Seguridad del Estado y la defensa de la Democracia no puede permitirse. ni aceptar métodos delictuales o llegar al crimen, el sabotaje, al montaje de hechos terroristas.
La mantención en las Fuerzas Armadas y sus aparatos de Inteligencia, informaciones u Operaciones Cívicas, vinculación con la civilidad o como quieran llamarles. de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Guerra Interna ,que trajeron dolor y muerte a Chile en los años de la Dictadura del General Augusto Pinochet y su Junta de Gobierno, no traerá nada bueno para los chilenos, para la democracia y para el honor de las Fuerzas Armadas.
Todos estos hechos ponen en evidencia aspectos en extremo peligroso para la seguridad de la democracia y del destino institucional del país.
Este protagonismo indeseable de las instituciones castrenses en el escenario político del país, o en comprometerlos en la vigilancia policial y acción represiva, en el escenario de la contingencia, en el pronunciamiento en el ámbito político partidista, y en una coincidencia con la formulación y demanda de políticas represivas con mano militar que hacen desenfadadamente representantes de la Derecha política y empresarial, y remanentes del pinochetismo civil y militar, por ejemplo contra los pueblos originarios, de los estudiantes, de los trabajadores, los alejaría del aprecio, respeto y confianza de los ciudadanos, que deben verlos como una garantía y no como una amenaza a su seguridad.
Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 31 de octubre 2022
Crónica Digital
