El fallecimiento este jueves 12 de mayo de Francisca Sandoval, periodista popular, asesinada por un rufián el 1 de mayo en el marco de las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores, en el barrio Meiggs enluta no solo la conmemoración de una fecha histórica para los trabajadores y su lucha por la democracia, sino que es una constatación dramática de la violencia institucional, laboral y delictiva contra la verdad, contra el derecho de los chilenos a una información veraz, oportuna, comprometida con su destino y sus demandas.
Al mismo tiempo es una acusación al ambiente de inseguridad que los enemigos de la democracia buscan imponer en el escenario político y social del país, al ver amenazados sus privilegios, el poder que detentado durante décadas en la institucionalidad política, económica y social, mediante la manipulación de la verdad de los derechos políticos y sociales de las mayorías nacionales y su rechazo violento de las demandas democráticas colectivas.
Pero las circunstancias del ataque armado contra Francisca, cuyas últimas imágenes en el lugar la muestran premunida de un teléfono, reporteando los incidentes y baleos desatados por paramilitares que actuaban como matones encargados de seguridad de comerciantes ilegales constatan el vínculo cómplice de están bandas con fuerzas de Carabineros, entre ellos un oficial, que momentos antes del criminal asesinato, con el que dialogaba amigablemente, el autor de los disparos contra la periodista herida de muerte, quizás podría suponerse, para coordinar su accionar represivo contra los manifestantes y repartirse los roles de la acción represiva que tuvo tan trágicas consecuencias.
Cabe recordar que en Chile la constitución de “guardias” armados para custodiar establecimientos, empresas, comercios y residencias privadas, están a cargo de Carabineros y deben cumplir determinados condiciones de seguridad, de manejo de armas, de conducta social, de antecedentes y obviamente no se puede tratar de delincuentes prontuariados, ni tampoco elementos extranjeros, cuyos antecedentes no pueden ser comprobados.
Carabineros tiene la misión, la obligación de controlar la composición de esas formaciones armados, al servicio de civiles, conocer sus antecedentes y sus arsenales, métodos de entrenamiento, sus recursos técnicos y su equilibrio psicológico, su metodología y equipamiento, en resguardo de la seguridad de los que resulten “objetivos” de sus acciones.
Fácilmente se puede especular que el “blanco” elegido vigilar en una manifestación masiva calificada como de “alto riesgo”, y conocida la preparación ideológica de algunos elementos policiales, sobre todo los preparados en Estados Unidos, o Colombia o Brasil, se basan en las doctrinas de la “Guerra Interna”, o la “lucha antisubversiva”, pudo haber sido una “molesta chica” con un teléfono celular o “cámara fotográfica” que pudiera testimoniar las fechorías de los uniformados o sus secuaces.
El hechor del disparo es Marcelo Naranjo (41 años), alias “el pestaña”) y vive a pocas cuadras de la casa de Francisca Sandoval, en la Población La Victoria, lo que agrega otro elemento sospechoso al hecho. Y que a pesar de su prontuario de condenado por tráfico de drogas, y ser conocido como traficante de ermas, bien podría haberse convertido además “colaborador”, o informante de las policías.
Además los otros dos sindicados como pistoleros, y que la justicia dejo en primera instancia en “arresto domiciliario” después su detención tras las pruebas de que efectuaron disparos contra manifestantes, son extranjeros: el ecuatoriano Yonaiker Fuenmayor Rondón, (22 años) y el colombiano, Luis Flores Salazar ( 31 años).
Este último ni siquiera cumplía esa amable condena pedida por un Fiscal, tras la formal visita diaria de Carabineros a su domicilio , saliendo nde su domicio a pasear por el barrio.
Se entiende así la operación de encubrimiento de los hechos que algunos de la decena de “civiles”, que fueron la “vanguardia” (avanzada) represiva que atacó a los manifestantes y periodistas, hayan sido dejados actuar sin estorbo, y que sus armas hayan sido ocultadas- en la versión más probable y de habitual ejecución en el mundo del hampa-, por otros elementos de los paramilitares, para evitar además la sospecha de que pudieran haber sido policías disfrazados que monitoreaban las acciones y ocultaban las pruebas.
La constitución del Comando “Jungla”- y adiestramiento en Colombia, por asesores norteamericanos- para la “Guerra Interna” contra el pueblo mapuche, o la actividad de la “inteligencia” policial cuyos ejemplos mas burdos, miserables, son la Operación Huracán y otros montajes, contra la lucha del pueblo mapuche y otros sectores sociales y políticos críticos del sistema, no son una casualidad.
Es comprensible entonces que el Colegio de Periodistas de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos hayan presentado una querella criminal contra del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya institución es responsabilizada de “una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personales contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1 de mayo del presente año”.
“Esta omisión de actuar no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica e informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esta manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y as la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”, enfatiza la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Todo ello revela y confirma una intencionalidad conspirativa y una doctrina policial y política antidemocrática, subversiva, destinada a justificar primero, la represión y luego la sedición, como elemento sustancial de un proyecto de conspiración golpista.
Y que forma parte de una estrategia de generación de la incertidumbre ciudadana, de la inseguridad social, de insatisfacción, instalando un escenario de violencia, terror, inseguridad e incertezas.
La violencia represiva, la actuación de bandas paramilitares, la criminalidad desatada con bandas del trafico de drogas, y control armado del territorio, la retórica amenazante de políticos de la Derecha neofascista y la tentación totalitaria de desconocer los valores y derechos de la representación democrática- en la Convención Constituyente- y en la calle, forman parte del complot sedicioso de que hemos estado hablando.
En este escenario preocupante y amenazante puesto en marcha alevosamente por la Derecha y la represión, el asesinato de Francisca Sandoval, es una advertencia.
Y por ello su sacrificio no será olvidado. Las organizaciones de periodistas, el Colegio Nacional, los Colegios regionales, los sindicatos, los colectivos, las generaciones que nacen al ejercicio de esta noble profesión, deberán incorporar el ejemplo de su sacrificio, y las circunstancias de su vida y su muerte, al acerbo de sus deberes profesionales y su ética profesional.
Fue una comunicadora de las esperanzas de justicia y de ejercicio de las libertades, los derechos humanos, sociales culturales del mundo popular.
Fue una profesional comprometida con el ejercicio del derecho de voz del pueblo movilizado, de los pobladores, de los jóvenes, de los carenciados, de la sociedad de consumo, de los olvidados en el reparto de las riquezas, de los que no aparecen en las encuestas de opinión pública y de los programas de futuro, de los que tienen perspectivas de educación, de vivienda, de salud o de perspectivas.
Siguió, sin proclamarlo los ejemplos del compromiso libertario y democrático, de un Camilo Henríquez, de Francisco Bilbao, de Luis Emilio Recabarren, de José Carrasco Tapia, y tantos otros, víctima de los enemigos de la Democracia, de la Libertad y los Derechos Humanos.
Deberíamos crear en su homenaje la Cátedra “El Periodismo y los Derechos del Pueblo”, y en nuestros gremios, reconocer de una vez por todas, la categoría profesional y valor humano de quienes cumplen con su misión de comunicar, de informar a un mundo que con razón desconfía de la “gran prensa” y transformarlos en protagonistas objetivos del mensaje de sus demandas, realidades y problemáticas.
Se han ganado ese derecho en la calle, en el escenario del dolor. En la lucha en el camino del porvenir. Y por cierto no basta con un reconocimiento y un minuto de silencio como el otorgado este jueves 12 de mayo en La Serena, por la Asociación Nacional de la Prensa, la entidad empresarial que reúne a los propietarios de los medios chilenos.
Quizás su máximo honor es el haber sido “Comunicadora”, al servicio de los que organizan, construyen la esperanza, y en definitiva, el porvenir de su pueblo, y la lucha por un porvenir que soñó para su hijo, y los hijos del pueblo.
Y una frase final, leída en las murallas, que guardarán su memoria: Francisca Sandoval “Vivirás en los que luchan”.
(fin)
