“La resolución de la Convención es una decisión osada, valiente y llena de contenido histórico y promoción de los derechos humanos”, indicó el historiador Pedro Canales.
La semana pasada, el pleno de la Convención Constitucional aprobó una norma referida a las tierras de los pueblos indígenas, pasando al borrador de la nueva Constitución un artículo sobre el derecho a las tierras, territorios y recursos que “el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”.
Pedro Canales, historiador de la Universidad de Santiago, reflexionó sobre las implicancias de esto. “En perspectiva histórica la decisión de la Convención de permitir que los pueblos indígenas puedan recuperar sus territorios, así como proteger los que actualmente posee, sin duda, son un momento de gran impacto para las estructuras del Estado chileno, toda vez que fue este macro organismo el que despojó de sus territorios a los diferentes pueblos que vivieron (y viven) en los que hoy llamamos Chile”.
“En el caso del pueblo mapuche, el despojo fue brutal; con participación del ejército chileno, a lo largo de varias décadas. Con esta medida, se inicia un macroproceso de reparación y restitución. El despojo que el Estado propició en la segunda mitad del siglo XIX, el propio Estado hoy viene a enmendar. Sin duda que todo esto se constituye en un hito sin precedentes”, complementó.
Además, el experto en temáticas indígenas habló de otras dos miradas: las coyunturales (últimas décadas) y una mirada del presente. “En el contexto neoliberal que Chile profundizó desde el retorno a la democracia en 1990, la resolución de la Convención en torno a los territorios mapuche, comienza a frenar la arremetida del capital extractivista en los territorios indígenas… La ley indígena de 1993 permitió a partir de la frase “desarrollo con identidad”, la inserción de la lógica del neoliberalismo en las lógicas indígenas, tratando de trastocar el pensamiento de estos pueblos. En el caso mapuche, la resistencia a esta imposición fue una constante, y ha sido esta conducta de la sociedad mapuche la que le ha valido la criminalización de sus demandas históricas, y la militarización de sus territorios, estigmatizando a su población, marcándolos como terroristas, narcos y un peligro para la unidad nacional”, explicó.
Sobre la perspectiva actual, Canales señaló lo siguiente: “La resolución de la Convención es una decisión osada, valiente y llena de contenido histórico y promoción de los derechos humanos. Hoy que el territorio mapuche, el antiguo Wallmapu, experimenta tensiones y presiones por parte del empresariado, los camioneros, los grupos más conversadores y en general, del colonialismo chileno subyacente, reconocer oficialmente la conducta violenta y genocida del Estado chileno para con el pueblo mapuche durante la guerra de exterminio suscitada entre 1861 y 1883, y la posterior reducción de la población sobreviviente en una pequeña extensión de su otra territorio, es un acto aplaudible; que nos va hacer bien a todos y todas en Chile. Comienza así el fin de lo que podríamos llamar “antiguo régimen” y la visibilización de muchas verdades que ese régimen escondió, negó y falseó”.
