El presidente Iván Duque advirtió hoy que su Gobierno evitará que Nicaragua limite los derechos de Colombia en relación con el diferendo marítimo en aguas del Caribe, sobre el cual se pronunció La Haya.Dicha advertencia tuvo lugar luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este jueves que Colombia debe «cesar de inmediato» patrullajes e intentos por controlar la pesca en áreas del Caribe localizadas dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua.
«Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua», consideró la CIJ.
Por 10 votos contra cinco los jueces de la CIJ consideraron que Colombia «ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua», en tanto por nueve votos contra seis señalaron que Colombia «debe cesar inmediatamente esa conducta».
El presidente Duque, quien, junto a su canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, esperó en San Andrés el fallo del tribunal internacional, aseguró que: «desde este archipiélago indivisible ratificamos la soberanía, la integralidad de las islas, y los derechos de nuestra nación».
Dijo que su gobierno «hasta el próximo 7 de agosto continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar a los derechos de Colombia.»
«Asimismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medioambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área», enfatizó Duque.
Acerca de la sentencia de 2012, el mandatario reiteró que cualquier cambio en los límites nacionales tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, previo tratado bilateral con Nicaragua.
El 26 de noviembre de 2013 Nicaragua acusó a Colombia de incumplir la sentencia emitida en 2012 por La Haya mediante la cual se fijaron nuevos límites marítimos entre los países.
Managua denunció que Colombia violó su soberanía al interferir en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción.
Desde La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, jefe del equipo jurídico de Colombia en este diferendo, explicó que la Corte le dio la razón a Bogotá en sus argumentos más importantes, luego que este país interpusiera una contrademanda a Nicaragua.
Según su interpretación, la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia alrededor del Archipiélago de San Andrés y Providencia y del Caribe Occidental en general.
También el derecho que tiene de realizar operaciones contra la lucha y el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado, agregó Arrieta.
Acerca del fallo dijo a la prensa que fue «en este caso particular, más allá de un llamado de atención la Corte no estableció ninguna consecuencia para estas situaciones», al referirse a lasinfracciones denunciadas por Nicaragua.
«Hemos logrado lo esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la armada, mantener la integralidad del archipiélago, y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona. Salimos muy contentos», manifestó.
En su contrademanda Colombia señaló a Nicaragua por violar los derechos de comunidades raizales que habitan esas las islas de y que practican la pesca artesanal y de subsistencia.
Sin embargo, no fue admitida y la Corte pidió una negociación entre los dos países para definir los alcances de este tipo de actividad acerca la cual la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, señaló que Colombia no logró demostrar que esas comunidades poseen derechos de pesca en aguas que ahora están bajo jurisdicción de Nicaragua.
En otro aspecto, los jueces precisaron que Colombia tiene el derecho de establecer una zona contigua alrededor de las islas afectadas, pero añadió que el decreto no se ajustaba al derecho consuetudinario, basado en experiencias y costumbres aceptadas.
Consideraron fuera de conformidad con el derecho consuetudinario la intención de Managua de establecer un límite lineal territorial, por considerar que afecta el derecho de navegación y sobrevuelo para Colombia.
La CIJ, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, fue creada en 1946 para solucionar disputas entre Estados y los países están obligados a implementar sus sentencias que son definitivas y vinculantes.
Bogotá, 21 de abril 2022
Crónica Digital/PL
