A través de una carta, las y los ediles llegaron hasta La Moneda para exigir que el Ejecutivo tome medidas urgentes y se haga cargo del tema de seguridad.
La mañana de este lunes, llegaron hasta el Palacio de La Moneda, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, acompañada de sus pares de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Peñalolén, Carolina Leitao; de San Miguel, Érika Martínez; de Quilicura, Paulina Bobadilla; de Quinta Normal, Karina Delfino; de Independencia, Gonzalo Durán; de San Joaquín, Cristóbal Labra; de Macul, Gonzalo Montoya; la alcaldesa subrogante de Renca, Romy Álamo y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, para entregar una carta manifestando la preocupación por la “desidia e inacción” mostrada por el Gobierno, para abordar los problemas de delincuencia y altos niveles de violencia de las últimas semanas.
En el documento de 8 puntos, las 11 autoridades firmantes, responsabilizan al Gobierno de Sebastián Piñera y al Ministerio del Interior ante el fracaso de políticas para enfrentar el aumento de violencia, delincuencia y homicidios que afectan a sus comunas.
Al respecto, denuncian el poco conocimiento para hacer frente al tema de seguridad pública y escasa articulación con los entes respectivos, como Fiscalía Nacional, Policías y la Dirección de Movilización Nacional para mejorar la fiscalización y el control eficiente de las armas.
Las autoridades comunales estuvieron acompañadas de Cristina Carrasco y Jeannette Olivares, madres de las víctimas de la delincuencia Sebastián Maturana y Pablo Valdés, respectivamente.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía Nacional el año 2020 hubo un aumento de un 20% de homicidios de los cuales un 45% se perpetró con armas de fuego.
Ante ello, la alcaldesa Hassler sostuvo que, “el uso de armas ha estado descontrolado en Chile, es por ello que urge una acción del Gobierno central para poder fiscalizar el uso de armas y poder desarmar a nuestro país. Aquí necesitamos políticas públicas que pongan en el centro la seguridad, resguardo y protección de las personas. También hacemos un llamado a que la distribución de carabineros se enfoque urgentemente en aquellos lugares donde hay mayores hechos de delincuencia y homicidios tan graves que hemos visto en nuestro país”.
En este sentido, la edil de Santiago, fue enfática en hacer un llamado a que el Gobierno tome acciones concretas frente al narcotráfico que existe en nuestro país.
“Estas últimas semanas hemos visto situaciones de tremenda gravedad que nos duelen profundamente como país, que necesitan acciones inmediatas del Gobierno. Es urgente tomar acciones ante los homicidios y hechos violentos que hemos vivido. Sólo este fin de semana ha habido seis homicidios en la Región de Valparaíso y en la Metropolitana y esto no puede continuar así, se deben tomar acciones concretas”, agregó Hassler.
A su vez, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, explicó que, “nuestra preocupación es que hoy día los vecinos y vecinas sienten una percepción de impunidad respecto a hechos de violencia que les han afectado y piensan que el Estado los ha abandonado. Los municipios podemos cumplir un rol preventivo, no tenemos herramientas para combatir el crimen organizado como sí lo tiene el Gobierno y las instituciones del Estado, las Policías, que están llamadas para poder hacerlo”.
Los 11 ediles, además, reclaman que la Política de Seguridad Pública abordada por la actual administración, que encabeza Sebastián Piñera, no incluyó el conocimiento que manejan los municipios en torno a las estrategias de prevención social, comunitaria y situación en la búsqueda de soluciones, pese a la disposición para contribuir en ello. Por tal motivo exigen la conformación de un grupo de acción inmediata en materia de inteligencia policial y persecución penal, cuyo objetivo es desbaratar a bandas dedicadas a delitos violentos.
Además, solicitan redistribuir en forma inmediata la presencia policial en sectores de mayor concurrencia de delitos con altos niveles de violencia urbana, poniendo fin a la discriminación actual que existe en la destinación de dotación policial entre las comunas.
Junto a lo anterior, piden disponer de los medios tecnológicos necesarios para un enfoque territorial en comunas con baja presencia policial y amplio territorio.
