Por Marcel Garcés Muñoz
A veces el que explica, se complica.
Y ello queda en evidencia cuando el presidente Sebastián Piñera, debe recurrir a una cadena nacional para intentar eludir una responsabilidad moral, frente a un acto, que asegura, se ajustó a la ley vigente, y fue aprobado y ratificado por determinadas instancias, demasiado cercanas al poder.
Porque aquí no se trata, en realidad, de leyes vigentes, hechas para defender negociados, el modelo neoliberal, la colusión, las trampas jurídicas en practica, a la medida de los poderosos, sino de hechos incompatibles con la moral, la justicia, la democracia, los intereses nacionales.
Entonces, se complica.
Y el discurso se distorsiona en alegatos de que todo se hizo conforme a la ley, en apelaciones plañideras a su inocencia, en que todo lo que se pudiera haber hecho en relación a la venta de Dominga, la violación del deber de defender desde el gobierno y el cargo que ostentaba, un santuario de la naturaleza, pero sobre todo de encubrir un acto deleznable, como el que un interés privado, una empresa, con la cual esta estuvo vinculado como propietario y luego como asociado a una operación que la dejó en manos de un amigo y asociado.
Entonces no es casualidad, ni una conspiración, que su nombre este en el debate público mundial, en el banquillo de los acusados y que su rostro acapare las portadas de la prensa internacional, como ejemplo, de oblicuas operaciones en que se mezclan influencias políticas, ganancias ilícitas, y deleznables operaciones mafiosas.
No es casual tampoco que un grupo económico “amigo”, exigiera en un documento, un acto de gobierno para evitar cualquier acción jurídica, de soberanía nacional, y de compromiso exigido por la legislación internacional, en defensa de la naturaleza, la ecología, el medio ambiente.
El tema de fondo es que el empresario Sebastián Piñera, acordó con su amigo y socio, Carlos Alberto Délano, una operación comercial, que en la perspectiva de las ambiciones presidenciales del primero, le permitiera, conforme a la legislación vigente, claro, “traspasar, deshacerse” de sus intereses en la empresa minera Dominga, recurriendo, antes de asumir su primera presidencia, en marzo de 2009, al subterfugio o mecanismo financiero empresarial, denominado “fideicomiso ciego” para la administración de todos sus activos financieros, dejarlos en manos seguras, un recurso ideado para eludir los intereses a pagar por la generación de empresas en los “paraísos fiscales”, y evitar pagar los que corresponden al país de origen de los capitales en operación.
Y en definitiva mantener a buen recaudo, en manos confiables, los capitales y negocios, que es lo que en realidad les importa.
Este mecanismo destinado a eludir el pago país de impuestos e intereses, y ocultar operaciones financieras ilegales, puede definirse claramente como un tráfico de dinero, blanqueo de capitales y evasión de impuestos y es ampliamente utilizado por las redes internacionales delictuales..
El propio presidente Sebastián Piñera señaló en un foro en Ecuador en 2016, como lo recordó este martes 5 de octubre el Mercurio, bajo el título “Las implicancias de hacer negocios en paraísos fiscales” : ”yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan”, argumentando según recordó la nota que, “precisamente, que muchas veces se utilizan para el lavado de dinero o evasión de impuestos”.
La operación de compraventa del proyecto minero Dominga, se realizó en diciembre de 2010, y se llevó a cabo en al “paraíso fiscal” de las islas Vírgenes Británicas.
Aquí se puede recordar el dicho que “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Y es difícil creer, en en alguien de tan mala memoria. Y mucho menos se puede aceptar que se pretenda que los chilenos, los ciudadanos, el pueblo sean tan ingenuos como para aceptar de que no tenía idea, ni fue informado de los malabares, los que habrían sido realizados al margen de su conocimiento, su aprobación e interés.
Pero hay otro aspecto que enturbia de manera irreparable el caso. Y no importa mucho si la justicia, el Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, haya cerrado la causa que investigó el caso de negociación incompatible y uso de información privilegiada y que salpicó al presidente Pilñera, respecto de Dominga ( conocido como caso Exalmar), y sobreseyó definitivamente el caso,, “por estimar que los hechos no eran constitutivos de delito”, situación refrendada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.
El contrato de la transacción por 152 millones de dólares,, se firmó en las Islas Vírgenes Británicas, contemplaba un pago en tres cuotas, pero la última (9.9 millones de dólares), que se podía pagar hasta diciembre de 2011, dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y de su puerto, resalta El Mercurio.
Hoy el presidente Piñera, asegura con vehemencia, que no tuvo “voz ni voto en la venta de Dominga, al haberme acogido el fideicomiso ciego”.
Según recuerda la publicación, (5 octubre de 2021), el pago de la tercera cuota establecido en el contrato de compraventa, “dependía de si el sector (Dominga y sus alrededores, su mar) no se declaraba zona de exclusión, decisión que dependía del primer gobierno de Piñera”.
De lo que se trataba, y es un hecho que se mantiene vigente y exige una reparación, de que unos señores, exigieran al país, chantajearan a su máximo representante, al Mandatario, demandando en un documento oficial, un contrato comercial, un acto de gobierno para evitar cualquier acción jurídica, de soberanía nacional, de dignidad personal, de seguridad, de patriotismo en defensa de sus riquezas y de la naturaleza, de su medioambiente.
Otro tema trascendente de la discusión es la magnitud de la obra, los efectos sobre el medio ambiente local, y otros efectos del llamado “progreso”: Dominga, el puerto por donde saldría la producción de hierro y cobre, los relaves, afectarían la la reserva o área ecológica que alberga al 80 por ciento de la población mundial del Pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción ,a lo que se suman ballenas y chungungos, una especie de nutria, la contaminación de los relaves mineros afectaría la riqueza pesquera local, afectando a los pescadores y a los Changos, un pueblo aborigen de la región, además de los efectos de la contaminación sonora, lumínica y del aire, y otros efectos sobre el medioambiente y la salud de las habitantes.
Los hechos son evidentes. Unos terceros, entre ellos un amigo de infancia y socio comercial, su hombre de confianza, se tomaron parte sustancial del poder político y económico, y estimaron posible, subordinarlo a sus decisiones.
No se trata de un mero acto de habilidad comercial, una diablura como otras que podrían ser recordadas, o de un lapsus, sino de una conducta francamente criticable en un personero político, de la responsabilidad y la figuración publica como un Presidente de la República.
Aquí se evidencia la relación incestuosa de la política y los negocios, de la sordidez del vínculo de intereses entre clanes políticos y financieros, la complicidad y subordinación a sus intereses, cundo se trata de negocios y no se tiene en cuenta los intereses ni la dignidad nacionales.
Y el país merece, como se lo han recordado personeros de su propio sector político, una explicación creíble, aunque sea por la razón de limpiar la imagen en momentos en que la ciudadanía busca una renovación por la vía de la decencia de la política, de la recuperación de seguridad en quienes aspiran a recuperar su confianza.
Y donde se espera un castigo , por la vía de la acusación constitucional o sobre todo- que es lo que temen realmente- de, una derrota electoral contundente a quienes no solo han mantenido en venta al país, sino que lo han encarnecido y avergonzado en la escena internacional.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de octubre 2021
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