Plazos para la causal de extinción, situación de turberas en Aysén, procedimientos relativos a las “aguas del minero” y el régimen que se aplicará a los derechos de agua ya entregados, entre las principales controversias.
Los diputados Daniella Ciccardini (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Diego Ibáñez (CS) y Gabriel Ascencio (DC), y los senadores Isabel Allende (PS), Claudio
Alvarado (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Juan Castro (RN) serán los encargados de dirimir los últimos ajustes a la reforma al Código de Aguas. Ellos y ellas integrarán la Comisión Mixta que revisará las discrepancias entre lo aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, luego que esta última corporación votara el martes las enmiendas de los senadores.
El Senado propuso a la Cámara Baja 130 modificaciones al proyecto que los diputados aprobaron en 2016, pero 18 no lograron pasar.
Temas críticos pendientes
Uno de los temas que tuvo votación dividida fue la pérdida del derecho de aprovechamiento en el caso de no utilización para el cual fue adjudicado, situación que hoy sólo se grava mediante el pago de patente. La Cámara aprobó que el plazo para extinguirlos por esta causal fuera de 4 años para los consuntivos, 8 para los no consuntivos. Este período fue modificado por el Senado de 5 y 10 años respectivamente, lo cual fue rechazado por los diputados.
También será revisado por la Comisión Mixta el artículo agregado por el Senado que señala que “los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley”.
Uno de los temas con mayor oposición se relacionó con el artículo que “prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”. Los senadores habían agregado el siguiente inciso: “Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, se permite el desarrollo de proyectos públicos de conectividad vial, en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que permitan la mantención de dichos sistemas ecológicos”.
Más de un centenar de legisladores no estuvieron de acuerdo con la enmienda. Incluso el diputado Gabriel Ascencio en particular solicitó que la prohibición también se extienda a la región de Los Lagos.
Desde la ciudadanía, además, se ha planteado que en caso de establecerse excepciones éstas involucren Estudio de Impacto Ambiental (y no sólo declaración) y que las obras “sean necesarias para el desarrollo de las actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades”, con el fin de no privilegiar actividades privadas industriales bajo el concepto de “proyectos públicos de conectividad vial”.
También hubo diferencias sobre el artículo corazón de la reforma, en el Artículo 6˚, en varios aspectos: la duración mínima de la concesión de los no consuntivos (los diputados plantearon 20 años, los senadores no pusieron piso) y el mecanismo para la prórroga (que en ambos casos es sucesiva, pero en la Cámara Alta se agregó que ésta sea “automática”).
Estos son sólo algunos de los temas que revisará la Comisión Mixta.
Una larga tramitación
El 17 de marzo de 2011 el proyecto fue ingresado a tramitación en la Cámara de Diputados, siendo patrocinado por los entonces diputados Enrique Accorsi (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Enrique Jaramillo (PPD), Roberto León (DC), Fernando Meza (PRSD), Andrea Molina (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Guillermo Teillier (PC) y Patricio Vallespín (DC).
Luego de pasar en la Cámara Baja por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda la iniciativa fue aprobada en noviembre de 2016. En el Senado fue revisada por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución, y aprobada por la sala el 4 de agosto pasado. En la Cámara de Diputados las enmiendas fueron revisadas por la Comisión de Recursos Hídricos y votadas por el pleno el martes 7 de septiembre.
Tras más de una década, el proyecto contiene artículos que consagran que el derecho humano al agua sea garantizado por el Estado y establece prioridades de uso para el consumo humano y saneamiento, actividades de subsistencia y protección de las fuentes, por sobre el uso productivo con fines de lucro. Reconoce, asimismo, las aguas ancestrales de los pueblos indígenas; prohíbe entregar derechos en glaciares; y para las nuevas concesiones se establece que sean temporales, entre otras regulaciones.
En el fondo, avanza en el agua como bien público.
