El Grupo Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos de la Revuelta Social manifestó su preocupación por la “por la falta de rigurosidad” observada en el informe enviado por la Fiscalía Nacional a la Comisión de Constitución del Senado sobre quienes, supuestamente, beneficiaría el proyecto de Ley de Indulto General.
Para la agrupación, “la metodología utilizada para elaborar este catastro consistió en incluir todos los delitos registrados en el rango de fecha comprendido entre el año 2019 y el primer semestre de 2021, sin aplicar filtros que permitieran diferenciar situaciones asociadas en forma específica al contexto de las movilizaciones sociales propias del estallido social”, que es una condición “que está explicitada en el contenido del proyecto”.
“Este informe es publicado además en un medio de dudosa credibilidad, como El Mercurio, hecho que, para nuestra organización, constituye un claro intento de confundir a la opinión pública, así como un movimiento orientado a generar incertidumbre en quienes tienen la responsabilidad de legislar al respecto, ante la imprecisión de los datos”, añadieron.
Asimismo, se refieren a “otro aspecto que refuerza nuestra preocupación por la falta de rigurosidad metodológica”, el cual dice relación con “el listado de delitos presentados en el informe y que claramente al ser un documento oficial, debió ser visado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. En este, se incluyen varios delitos que están lejos de estar señalados en el proyecto de Ley de Indulto General, como es el caso de delitos de sangre, extorsión y otros que resultaría imposible asociar a un contexto de estallido social”.
A ese respecto, puntualizaron que la Fiscalía Nacional y la Defensoría Penal Pública “son las instituciones que cuentan con la responsabilidad y los recursos para levantar un catastro, así como la posibilidad de haber diseñado o diseñar un mecanismo que permita realizar un cruce de variables para identificar el contexto, así como otras situaciones estrechamente relacionadas a las y los presos políticos de la revuelta, siendo una de estas las querellas presentadas por el gobierno invocando Ley de Seguridad Interior, que es determinante en la prisión preventiva extendida”.
“El Fiscal Abbott pone en juego su credibilidad, primero señalando que la institución carece de la capacidad para establecer un catastro y luego entrega un listado bastante débil en términos de técnicas de levantamiento de información y que además da cuenta de un desconocimiento respecto al contenido del proyecto de Ley de Indulto General”, precisan.
Finalmente, el Grupo Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos de la Revuelta insiste “en que las cifras de personas beneficiadas por el Indulto General es un tema que se deberá abordar con posterioridad a su aprobación, por lo que el esfuerzo debe estar en la pronta tramitación, discusión y aprobación de esta solución política que permitirá avanzar y dar señales necesarias respecto a la justicia, así como al respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
Santiago, 7 de agosto 2021.
Crónica Digital.
