Instamos a la UE a poner fin a los atropellos contra esas personas. Nuestras interacciones con ellas, los testimonios y registros fotográficos de entidades no gubernamentales y medios de comunicación, confirman el nivel de brutalidad al que están expuestas, aseveró el jefe del Gabinete de la OIM, Eugenio Ambrosi.
Por su parte, el Acnur aseguró poseer informes, según los cuales algunos Estados europeos limitan el acceso al asilo, emplean la fuerza contra los extranjeros y los obligan a regresar a sus naciones de origen después de haber alcanzado territorio o aguas del llamado viejo continente.
‘Las devoluciones se realizan de manera violenta y sistemática. Las embarcaciones que transportan a los migrantes son remolcadas y empujadas nuevamente a una travesía por mar’, alertó la alta comisionada auxiliar para la Protección, Gillian Triggs.
La funcionaria indicó que quienes arriban por tierra también son detenidos, maltratados y forzados a irse.
Ante tal situación, recordó que las leyes sobre los refugiados y los derechos humanos establecen la obligatoriedad de brindar ayuda y protección a quienes lo requieran.
No se puede denegar el acceso a un territorio ni devolver a las personas sin evaluar antes sus necesidades. El respeto a la vida no es una elección, es una obligación legal y moral, sentenció.
Asimismo, señaló que la pandemia de la Covid-19 no es una justificación para evitar implementar procedimientos de asilo justos y expeditos.
De acuerdo con el Acnur, en 2020 llegaron a la UE 95 mil indocumentados, un 23 por ciento menos que en 2019, lo cual demuestra la disminución de ese indicador.
Las cifras descienden cada año, por lo cual este asunto debería ser manejable. Es lamentable que la cuestión del asilo se siga politizando y usando como elemento de división, afirmó Triggs.
A su vez, Ambrosi señaló que el uso de la fuerza y la violencia contra los civiles son acciones totalmente injustificadas y apuntó que la alarmante situación existente pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gobernanza y las políticas regionales sobre migración.
En lugar de aplicar un programa que garantice seguridad y protección a quienes huyen del hambre, los conflictos y la persecución, los 27 aprobaron en 2020 un Pacto de Asilo y Migración que facilita el rechazo a los extranjeros.
El plan dispone la eliminación del sistema de cuotas obligatorias para repartir a los foráneos entre los países del bloque y establece un nuevo mecanismo basado en las contribuciones flexibles.
Además, está centrado en agilizar las deportaciones de quienes no consigan el estatus de refugiado, condición que se alcanza tras enrevesados y largos procesos.
En diciembre último, la Red de Vigilancia de la Violencia Fronteriza entregó a la UE El Libro Negro de las Devoluciones en Caliente, publicado con la contribución de 15 organizaciones y editado por el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.
El texto reúne testimonios y otras pruebas que demuestran las agresiones sufridas por más de 12 mil personas en los límites de naciones como Grecia, Croacia, Eslovenia y Hungría.
Meses antes, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) fue acusada de participar en las deportaciones forzadas e ilegales de los migrantes.
Ante tales hechos, la UE se limita a esperar los resultados de investigaciones y a prometer soluciones que nunca llegan.
Esta semana, la Eurocámara recordó que la detención de los indocumentados debe ser el último recurso empleado, pero los arrestos, la violencia y las deportaciones se convirtieron ya en hábitos.
Bruselas, 11 febrero 2021
Crónica Digital/PL
