Los flujos financieros ilícitos causan pérdidas anuales por 43 mil millones de dólares a los países de América Latina y el Caribe, según un estudio presentado por la organización no gubernamental Tax Justice Network.
El monto representa 20,4 por ciento de los presupuestos nacionales de salud pública, según la investigación sobre Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) en América Latina.
Precisa que la región constituye parte importante de los FFI originados en el comercio internacional y define a esos flujos como transferencias de dinero de un país a otro legalmente prohibidas.
El concepto incluye flujos tanto de capital de origen ilegal (lavado de dinero clásico, armas, drogas, tráfico de personas, corrupción) como los de procedencia legal (evasión y elusión de impuestos).
«Los FFI afectan las economías, las sociedades, las finanzas públicas y la gobernanza de los países latinoamericanos y de todos los demás países», señaló Javier García-Bernardo, investigador de la Tax Justice Network.
Los FFI, indica el informe, se trasladan por canales agrupados en cuatro categorías, la Inversión Extranjera Directa (entrada y salida), comercio (importaciones y exportaciones), depósitos bancarios (pasivos y activos) e inversión en cartera (entradas y salidas).
«Los flujos financieros ilícitos son habilitados por oportunidades legislativas como el secretismo o una legislación laxa», añadió García-Bernardo, quien puso como ejemplo las Islas Caimán, Panamá y Bahamas, que facilitan el traslado de FFI.
Luis Moreno, representante de la organización no gubernamental Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), explicó que en el caso peruano el secreto financiero es protegido por la Constitución, pero una reciente norma dispuso que los bancos reporten cuentas por el equivalente de más de ocho mil 300 dólares.
El informe menciona a Brasil, El Salvador, México y Nicaragua como los países de la región más vulnerables a los FFI y a Chile y Uruguay como los menos.
Para contrarrestar a los FFI, sugiere reforzar las capacidades de registros y movimientos, desarrollar posiciones de negociación regional conjunta e incorporar el análisis de riesgo en los departamentos administrativos.
Lima, 28 de enero 2021
Crónica Digital/PL
