La bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista manifiesta su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional, votación que, en lo concreto, pone en entredicho la facultad legisladora del Parlamento, dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas.
Así, el Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo.
Dada la cercanía de la jueza María Luisa Brahm con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quien además se desempeñó como asesora en su primer mandato, era de esperar que se inhabilitara para votar, esto, como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos.
Reiteramos lo que señalamos el 2 de diciembre cuando nos manifestamos frente al TC y presentamos un escrito que indicaba que la reforma constitucional cumplía estrictamente con las normas de procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por esta instancia.
Por otro lado, indicamos que el objeto del requerimiento era abiertamente antidemocrático, en tanto pretendía ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre el poder constituyente derivado.
Ante estos elementos, es válido preguntarnos ¿no es contradictorio entonces que sea el mismo gobierno el que haya promulgado el primer retiro del 10%?, ¿qué cambió en las encuestas para que el mandatario tomara esta decisión?, esto, puesto que fue el Ejecutivo el que terminó presentando una nueva iniciativa para el retiro justamente cuando las encuestas lo ubicaban en una nueva baja en su aprobación.
Nos parece que esto responde a otras motivaciones, muy lejanas al ámbito jurídico y con este fallo, la balanza se inclina vergonzosamente hacia los intereses de los de siempre, puesto que el tan esperado segundo retiro cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, esto, ya que no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional.
Fue el mismo Presidente Sebastián Piñera el que haciendo oídos sordos de la necesidad de que la crisis la dejen de pagar los trabajadores y trabajadoras y que sean los súper ricos los que paguen un impuesto acorde a sus rentas ha anunciado que esta iniciativa impulsada por nuestra bancada pasa a llevar las facultades propias del Ejecutivo.
Desde ya anunciamos que como diputadas y diputados no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante hasta que el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos sea una ley, no importando que con esto se incomode a la elite y a un grupo reducido de multimillonarios a quienes esta crisis no ha tocado.
Santiago de Chile, 22 de diciembre 2020
Crónica Digital
