Por Rafael Calcines Armas
Cambios en el gabinete de Sebastián Piñera y el debate por una propuesta de indulto a los presos tras el estallido social centraron la atención del mundo político en Chile en la semana que finalizó este domingo.
El viernes Piñera realizó el onceno movimiento en su gabinete, tal como se esperaba desde que la víspera se conoció la renuncia del ministro de Defensa, Mario Desbordes.
Más que un cambio resultó una especie de enroque entre ministros, ya que en sustitución de Desbordes el mandatario movió a Baldo Prokurica desde el Ministerio de Minería, que fue asumido por Juan Carlos Jobet, de Energía, quien pasó a encabezar ambos organismos.
La salida de Desbordes era esperada desde hace semanas para responder a una eventual candidatura al frente de su partido, Renovación Nacional, y también con la vista puesta en las elecciones para la Presidencia de la República, previstas para finales de 2021.
Esos movimientos fueron recibidos por la oposición con frialdad e incluso el presidente de la centrista Democracia Cristiana, Fuad Chaín, opinó que «al parecer nadie quiere sumarse al gobierno del siete por ciento», en referencia a la bajísima aprobación popular a la gestión de Piñera.
Ese poco respaldo fue señalado por algunos analistas como uno de los motivos de que el presidente, sobre todo para ganarse el respaldo perdido entre sus propias huestes, mostrara una posición de «mano dura» al rechazar de plano un proyecto de ley para indultar a personas detenidas tras el estallido social de octubre de 2019 y amenazar con vetarlo.
El pronunciamiento del mandatario el lunes echó más combustible al debate sobre esa iniciativa presentada la semana anterior por senadores de oposición, que prendió las alarmas en La Moneda, los partidos oficialistas y algunas figuras conservadoras de la oposición.
Estos en conjunto insisten en que esas personas están privadas de libertad por decisión de los tribunales de justicia, pero omiten diferenciar entre quienes cometieron delitos y otros muchos que permanecen en una prolongada prisión preventiva, sin cargos conocidos ni debido proceso.
Sus promotores, entre ellos la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, advirtieron en cambio que con el anunciado veto el Gobierno pretende seguir negando la realidad.
Por su parte, familiares de los reos, denunciaron en un comunicado que, como consta en numerosos procesos, incluso hubo montajes de la policía y se le imputan falsamente cargos bajo los cuales se mantienen tras las rejas al menos a 282 personas, seguÌün ha admitido el Ministerio del Interior.
Mientras, en las calles continúan las demandas por la liberación de esos presos, con manifestaciones, que el viernes, una vez más, cientos de personas protagonizaron en el centro de la capital, que también exigen con insistencia la renuncia del mandatario.
Santiago de Chile, 21 de diciembre 2020
Crónica Digital
