Las demandas y gestiones para que sean liberados cientos de jóvenes presos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, cobran cada vez más fuerza en Chile entre organizaciones políticas y sociales.
Cientos de personas, la mayoría jóvenes, permanecen en prisión preventiva sin proceso judicial alguno a la vista, tras ser detenidas por las fuerzas policiales, muchas de ellas solo por manifestarse en las calles sin haber cometido algún delito.
Para los promotores de su liberación, resulta incongruente que estén tras las rejas, más aún tras la victoria del plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución, acontecimiento que fue resultado, precisamente, de las grandes movilizaciones populares generadas por el estallido social.
Entre las numerosas iniciativas, legisladores de varios partidos de oposición presentaron esta semana un proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal que sufrieron la violación de sus derechos humanos.
La diputada comunista Camila Vallejo señaló que el país está en deuda con miles de personas que murieron, resultaron heridas, perdieron sus ojos y sufrieron daños psicológicos que los marcarán para siempre.
Explicó que el proyecto pretende que se aceleren los procesos de demandas contra el Estado y que las víctimas logren una más rápida y justa reparación.
El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, informó que llevará a la Cámara Alta un proyecto también para amnistiar a esas personas que, dijo, son presos políticos, acusados de delitos que no cometieron, y que han sufrido prisiones preventivas abusivas.
Igualmente, el 16 de octubre la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció la creación de una Mesa de trabajo de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las movilizaciones sociales.
Desde el Gobierno, en cambio, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, alegó que la legislación penal establece sanciones para esas personas, y que indultarlas, sería dar la señal de que son perdonables o deberían no ser sancionadas, y validar la violencia.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a un año del estallido social existen más de dos mil 520 querellas por violaciones de los derechos humanos presentadas por esa entidad, incluyendo tres mil 203 víctimas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo del 2020.
Santiago, 30 de octubre 2020.
Crónica Digital / Prensa Latina.
