Una de las diferencias entre el Chile 1990-2018 y el de hoy es que el pueblo se da cuenta de alguna manera, y lo expresa, de su condición de explotado. La conciencia social del pueblo ha avanzado con respecto a su existencia social, el pueblo ha ido perdiendo el miedo y ganando confianza en sí mismo. Pero aún falta, falta ese paso que quedó pendiente tras el 18 de octubre de 2019 y que la pandemia contuvo. Un paso que no es otro que desalojar a la casta política que por décadas ha mantenido al pueblo viviendo bajo un espejismo de prosperidad, un espejismo sostenido por el endeudamiento y las ofertas con letra chica. Por lo tanto, si queremos comenzar a vivir con dignidad, sin explotación, sin impunidad, sin mentiras ni violaciones a los derechos humanos y con una Constitución realmente legítima nacida de una asamblea constituyente (no de una convención constitucional), la única opción que procede es el desalojo de los culpables de los infortunios del país.
Y los culpables son, sin duda alguna, la derecha pinochetista y la Concertación (o ex Concertación como la llaman hoy), que permitió desde 1990, y aún permite, que esa derecha pinochetista campee a su antojo en la política chilena. La Concertación pactó, entre gatos y medianoche, tras el triunfo del NO, una “transición” donde no se tocaría el modelo económico, ni las privatizaciones fraudulentas ni los crímenes de Pinochet y su jauría. Esto quedó demostrado durante todos los gobiernos de la Concertación, incluido el de la Concertación-Nueva Mayoría, que continuaron ahondando el modelo. Y si se consiguieron avances en materia de derechos humanos y algunos acotados logros sociales, se debió exclusivamente al trabajo incansable de las agrupaciones de derechos humanos y de sectores poblacionales que se manifestaron en las calles incesantemente. No se debió a una iniciativa nacida porque sí de los gobiernos concertacionistas y sus principales dirigentes, que desde un comienzo mostraron su verdadera faceta. Podemos mencionar a Enrique Correa, Andrés Zaldívar, Sergio Bitar, Mariana Aylwin, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Francisco Vidal, Ricardo Lagos Escobar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Juan Pablo Letelier, Jorge Burgos, Edmundo Pérez Yoma, Isabel Allende Bussi, Enrique Krauss, Camilo Escalona, Felipe Harboe, Jorge Pizarro, Genaro Arriagada, Nicolás Eyzaguirre, José Miguel Insulza, entre una interminable lista de perkines bien pagados por la derecha política y empresarial. De hecho, la “oposición” recibió dinero del yerno del genocida y ladrón Augusto Pinochet. Gracias a esa cáfila, a ese lastre, tenemos el Chile de hoy, gobernado por el pinochetismo, con sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre de 2019, con presos políticos, represión y montajes contra pueblo mapuche e impunidad para militares y empresarios corruptos, que han saqueado el erario a vista y paciencia de los poderes del Estado. Incluyendo entre todos estos especímenes un general director de carabineros con perfil sicológico DINA-CNI, el que evidentemente se ve reflejado en sus tropas de asalto, émulos de las SS nazis.
Es repudiable y repugnante que el país tenga hoy un ministro de justicia (Hernán Larraín) y otro del interior (Víctor Pérez) que avalaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, más aún, que con su proceder fueron encubridores de las atrocidades cometidas en Colonia Dignidad. El gobierno de Sebastián Piñera está infectado por el pinochetismo, por negacionistas y relativistas de las violaciones a los derechos humanos. Los perdonazos a la corrupción, a las colusiones, a las estafas al Estado, a la evasión de impuestos y docenas de delitos navegan a la orden del día. En tanto, los dirigentes de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio no hacen más que mostrar su pusilanimidad ante los acontecimientos, pues por más que reclamen y vociferen para la galería, cuando llega el momento oponerse con la máxima fuerza a la derecha comienzan las “vacilaciones republicanas”, que lo único que provocan es desmovilización, tal como sucedió en 2006 con los pingüinos y en 2011 con los universitarios. Una muestra de ello es el llamado “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019 para contener la rebelión social, y que contiene letra chica para burlar una asamblea constituyente de verdad. Aunque hoy, tendrán que ir a otro perro con ese hueso. Nadie les cree. Pues bien, son estos mismos partidos los que pretenden apropiarse del proceso como adalides de lo que el pueblo quiere, para una vez más embaucarlo, como sucedió con “la alegría ya viene”, claro, vino para los mismos de siempre, para el pinochetismo y los empresarios, así como para los dirigentes políticos de la derecha y la Concertación, que se han enriquecido a costa de las penurias del pueblo.
¿Cuál es la opción para evitar el fraude electoral constituyente? Volver a las calles y no abandonarlas hasta que el Parlamento apruebe una nueva ley para la elección de lo que ellos llaman “convención constitucional”. Una ley donde cualquier ciudadano pueda presentarse como constituyente, una ley que prohíba a los partidos políticos presentar candidatos a la “convención constituyente”. Una ley que permita propaganda gratuita en los medios de comunicación para todos los candidatos. Una ley que otorgue igualdad a los candidatos en la televisión. De lo contrario la calle debe continuar.
Finalmente, decir que existe otro culpable del Chile de hoy: la prensa oficialista y en especial la televisión, que da tribuna a siniestros personajes pinochetistas como Sergio Melnick, José Antonio Kast, Pepe Auth, Teresa Marinovic, Patricia Maldonado, Hermógenes Pérez de Arce, a todos los dirigentes de la UDI, RN y Evópoli, etcétera, que mienten a destajo, de la manera más increíble y miserable. Es el Chile que tenemos.
Por Alejandro Lafquen
Santiago de Chile, 13 de octubre 2020
Crónica Digital/PL
