A diez meses de la muerte del estudiante Romario Veloz (26) en el marco de las protestas de octubre de 2019, el Ejército de Chile aún no ha iniciado un sumario interno para investigar su muerte, tras ser impactado por una bala disparada por efectivos militares en una marcha realizada el 20 de octubre en La Serena.
Según la información obtenida vía transparencia por el equipo defensor de la familia de Romario Veloz, hasta el 24 de agosto el Ejército de Chile no instruyó ninguna Investigación Sumaria Administrativa sobre el hecho. El documento también señala que se hizo la denuncia al Ministerio Público, quien actualmente lleva la investigación bajo la dirección de Adrián Vega, el fiscal regional.
Cabe recordar que el 20 de octubre, el joven ecuatoriano, residente en Chile desde su infancia, estudiante de Construcción Civil y padre de una niña de tres años, asistió a una manifestación convocada antes del toque de queda, que se desarrolló pacíficamente hasta que pasó por las afueras del Mall de La Serena, que era resguardada por efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo. Allí los efectivos militares comenzaron a disparar al aire y hacia los asistentes a la marcha. Romario recibió una de esas balas.
Para conocer mayores antecedentes respecto al caso, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados ha invitado en dos ocasiones al Ministro de Defensa, Mario Desbordes y al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, el 31 de agosto y el 7 de septiembre, en ambas ocasiones las autoridades no asistieron y se excusaron. El ministro Desbordes señaló tener problemas de agenda, mientras el general Martínez indicó que la investigación que lleva la fiscalía es secreta.
La abogada querellante en representación de la familia de Veloz, *Adriana Rojas*, señala que el ministro Desbordes y el general Martínez “expresaron que esto podría generar un problema, una dificultad en la investigación. Quizás no entendiendo el motivo de la citación que es hacer recepción de las inquietudes de las familias y de haber podido resolver los motivos que han tenido la autoridad para no realizar los sumarios administrativos al interior del regimiento 21 Coquimbo, a propósito del asesinato de Romario y de la víctimas sobrevivientes, Cesa Véliz y Rolando Robledo”.
Adriana Rojas agregó que quedaron “conformes con que se oficiara a Contraloría General de la República para que pueda referirse a esta falta, a nuestro parecer, del incumplimiento de la norma administrativa de investigación cuando se trata de funcionarios públicos, en este caso, los militares que participaron del operativo fuera del mall La Serena y que estaban en su calidad de funcionarios, no de manera particular”.
Desaire a la Comisión
La Comisión de DDHH citó nuevamente para el lunes 21 de septiembre a las 17.00 hrs. al Comandante en Jefe del Ejército y al ministro de Defensa, Mario Desbordes. A la sesión también asistirán miembros del Instituto Nacional de DDHH, que también son parte querellante en el caso.
Al respecto, el diputado Miguel Crispi (RD) -miembro de la instancia- señaló que la inasistencia de las autoridades de Gobierno y del Ejército “nos da cuenta de que las instituciones no están funcionando para alcanzar la justicia, la reparación frente a violaciones de DDHH. Aquí se ha avanzado con extrema lentitud, todavía no hay formalización en el caso. Además, el Ejército, que fue la institución que reprimió aquella protesta donde fue asesinado Romario Veloz, tampoco ha dado el ancho ni facilitado antecedentes para la investigación. Estaban citados a la Comisión y no se presentaron. La madre de Romario se quedó esperando a que la institución que asesinó a su hijo diera cara”.
Por su parte, *Carmen Hertz (PC)*, también diputada de la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios, asegura que los argumentos de la autoridad del Ejército “me parecieron completamente improcedente. En primer lugar, porque obviamente los parlamentarios no vamos a realizarle preguntas al Comandante en Jefe sobre puntos que están llevándose por un proceso y que la Fiscalía o los abogados querellantes podrían -si así lo estiman- responder. Pero, sí era necesario consultarle cuáles eran las medidas administrativas que el Ejército había adoptado después de este asesinato y lesiones graves que se les produjeron a manifestantes. Me parece un desaire del Comandante en Jefe, que, si bien no está obligado a asistir, hace un desaire a la Cámara de Diputados y en particular a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios”.
Santiago de Chile, 9 de septiembre 2020
Crónica Digital
