Al igual que muchos enfermos graves de SARS–CoV–2, la economía de Chile parece estar en cuidados intensivos con indica dores nada favorables, aunque el pronóstico no indique un desenlace fatal.
En el segundo trimestre, en plena pandemia en el país, el producto interno bruto (PIB) se contrajo 14,1 en comparación con igual etapa de 2019, lo que el Banco Central (BC) considera la caída más profunda desde 1986, aun cuando Chile no es el país de peores resultados entre las economías de América Latina, todas golpeadas por la COVID–19.
El impacto se sintió en todos los sectores, con excepción de la minería, el único con resultados positivos, un dato esperanzador teniendo en cuenta que este es el principal renglón de exportaciones de la nación.
El cierre de empresas o la reducción de sus actividades provocaron un desempleo que según datos oficiales sobrepasa el 12,2 por ciento, aunque un reciente estudio de la Universidad Católica advierte que debido a las diferentes variantes de falta de trabajo y de reducción de ingresos, en el país estarían afectados unos tres millones de personas, lo que representa el 30 por ciento de los empleados.
Contra todo pronóstico, la reforma constitucional impulsada por la oposición para que los chilenos pudieran retirar hasta el 10 por ciento de sus ahorros de las empresas Aseguradoras de Fondos de Pensiones, rechazada a raja tabla por el ejecutivo, fue en cambio, en medio del oscuro panorama, un balón de oxígeno para la debilitada economía.
La medida puso en circulación unos 10 mil millones de dólares, que dieron un respiro a la deprimida demanda interna y, según analistas, su efecto permitirá que al cierre del 2020 la contracción del PIB, prevista en 6%, pueda disminuir hasta tres puntos porcentuales gracias al dinero invertido por las familias en la compra de todo tipo de insumos.
En tanto, el Presidente Sebastián Piñera presentó hace pocas semanas el programa “Paso a paso Chile se recupera”, con la promesa de ejecutar entre lo que resta del año y el próximo más de dos mil 500 proyectos en infraestructuras por un monto total de 34 mil millones de dólares y que se aspira permita generar unos 250 mil puestos de trabajo.
Puntualizó que esta iniciativa –no exenta de objeciones entre economistas y sindicatos– está directamente relacionada con el plan para avanzar en el relajamiento de las cuarentenas impuestas por la pandemia.
Por Rafael Calcines. El autor es corresponsal de la Agencia Informativa Prensa Latina en Chile.
Santiago, 6 de septiembre 2020.
Crónica Digital / Prensa Latina.
