La ley establece que desde el mismo momento en que se presenta una recusación, las actuaciones procesales se deben suspender hasta que se determine si es aceptada o rechazada, enfatiza en su columna dominical.
Recuerda que ‘Jaimes Durán –conocido por su carácter solapado y por sus escasas luces– fue recusado’ el pasado viernes por el senador de Polo Democrático Iván Cepeda y víctima del caso, y, en franca violación de la ley, tomó decisiones sobre el proceso.
Explica también, que el abogado Ramiro Bejarano, asesor de Cepeda, presentó en 2010 una queja disciplinaria y una denuncia penal por los presuntos delitos de falsa denuncia y abuso de autoridad contra el fiscal del caso Uribe.
Por lo tanto, entre las causales de impedimento establecidas en la ley, figura que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.
Además, el Código de Procedimiento Penal determina como otra de las causales de impedimento que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial, agrega.
Recuerda, además, que Bejarano reveló que Jaimes, vulnerando la autonomía de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, les envió este año un mensaje de WhatsApp.
En dicho texto les ordenó que le remitieran ‘todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informaciones sobre las actuaciones medulares de sus despachos (…) para informar y valorar cada situación con el señor Fiscal General de la Nación’.
Aunque el fiscal general, Francisco Barbosa, es el superior jerárquico y administrativo del ente acusador, las decisiones de cada fiscal deben ser completamente autónomas por mandato de la ley, añade Daniel Coronell.
En su columna dominical expone algunas incompetencias del fiscal quien ‘ahora él es el encargado de procesar al hombre más poderoso de Colombia’.
Gabriel Jaimes Durán, quien tuvo un ascenso en su carrera de la mano de Alejandro Ordóñez, procurador general durante el gobierno de Uribe, llevará la investigación lo cual genera desconfianzas sobre el desenlace de este caso que podría sentar por vez primera a un presidente de Colombia en el banquillo de los acusados y hasta salir ileso.
Bogotá, 6 de septiembre 2020
Crónica Digital/PL
