Desde el Frente Amplio, hacemos un llamado urgente a que el gobierno asuma la responsabilidad de generar una salida democrática donde prime el diálogo político honesto con todos los actores involucrados, en un marco de respeto a los derechos humanos que otorgue una respuesta a las legítimas demandas del pueblo Mapuche. Los acontecimientos de los últimos días son manifestación de años de criminalización y discriminación contra el pueblo Mapuche, mediante graves violaciones a los derechos humanos, una justicia que hace vista gorda de las garantías constitucionales y los tratados internacionales, profundizando la política racista impulsada por el Estado, agravando y obviando el problema de fondo: el reconocimiento político, constitucional y cultural del pueblo Mapuche y la deuda histórica que nuestro país tiene en el reconocimiento de sus derechos.
Esta política ha atentado directamente contra la democracia y el estado de derecho, en tanto olvida que la construcción de una sociedad más democrática implica construir una sociedad más justa con todos y todas, reconociendo la diversidad de las distintas expresiones de la ciudadanía y del pueblo, todas las cuales constituyen y son parte de nuestro país. Ignora además, que un estado de derecho implica que sus instituciones protejan las libertades y derechos de cada uno y una, sin discriminar en cuanto a su origen etnico, género, raza, o clase social.
La visita del Ministro Pérez y la incitación a la violencia por parte de este gobierno han agravado la situación en el Wallmapu de manera deliberada, ya en la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera se habla sobre lo prioritario que es para este Gobierno la persecusión del terrorismo en la Araucanía, en un contexto en que aún no se asumen las responsabilidades políticas por el asesinato de Camilo Catrillanca por parte de la policía militarizada. El Ministro del Interior viajó esta semana a la Araucanía y ha dicho que en la región existirían grupos armados, terroristas que ponen en riesgo a la ciudadanía, desechando así, una salida pacífica y democrática de parte del Gobierno a las demandas del pueblo Mapuche.
Estos hechos, son expresión de una política racista del Estado, profundizada gravemente por el Ministro del Interior. Asimismo, se demuestra una complicidad institucional con los ataques de grupos organizados al ser tolerados por Carabineros de Chile, en pleno toque de queda, vulnerando toda norma de prevención sanitaria, aquellas contenidas en la Ley de Control de Armas y también resulta gravísimo que se ha obviado de manera interesada la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los grupos racistas organizados en la región.
Por otro lado, los comuneros movilizados y en huelga de hambre en Angol, Lebu y Temuco exigen que el Estado cumpla el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que obliga a Chile a desarrollar acciones para proteger sus derechos y respetar sus identidades sociales y culturales, particularmente los capítulos que hacen referencia a los procesos judiciales y penitenciarios. A diferencia de los criminales indultados de Punta Peuco que exigen mayores privilegios, en este caso la demanda es por el respeto a la cosmovisión mapuche, su cultura, costumbres y espiritualidades, acorde con un trato digno cotidiano, como también en recintos penitenciarios y procesos judiciales. Lamentablemente, el Estado ha perseguido sistemáticamente al pueblo mapuche, negando su cultura e identidad.
Como Frente Amplio, denunciamos con fuerza los actos de grupos violentistas y de Carabineros de Chile en contra del pueblo Mapuche y ponemos alerta sobre la política perpetuada por el Presidente y el recién asumido Ministro del Interior. Es una expresión cruda del racismo institucional, ultraderechista y paramilitar. El gobierno es responsable de lo sucedido con Camilo Catrillanca, con el machi Celestino Córdova y de innumerables episodios de usurpación, enfrentamientos violentos, montajes y asesinatos a personas mapuches. Es el responsable de desechar el camino del diálogo y la democracia y responder con más violencia.
Así mismo, enfatizamos que también es una manifestación de racismo institucional el hecho que solamente personas mapuches hayan sido detenidas en los acontecimientos de ayer, mientras que quienes son responsables de los hechos de violencia fueron protegidos por agentes del Estado. El Ministro del Interior debe responder por estos procedimientos ilegales y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en su conjunto no pueden ser cómplices y por tanto, el Gobierno debe querellarse en contra de los violentistas que el día de ayer, bajo consignas racistas cometieron delitos.
El pueblo Mapuche es un actor político que el gobierno de Chile debe reconocer y por tanto dialogar con suma urgencia. Organizaciones sociales a lo largo de todo el país exigen el cese inmediato de la violencia estatal y la apertura a un diálogo que implique el reconocimiento a las demandas históricas del pueblo Mapuche y el respeto irrestricto a los tratados internacionales y de derechos humanos ratificados por Chile. Si no se abordan los temas de fondo en el marco de un diálogo político institucional, la violencia y la polarización en los territorios de la Araucanía seguirá creciendo y hechos como los de ayer se seguirán repitiendo.
¡Wallmapu Libre!
Santiago de Chile, 2 de agosto 2020
Crónica Digital
