Ordenan al gobierno de Colombia garantizar la vida de exguerrilleros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó hoy al gobierno de Iván Duque adoptar acciones para garantizar la vida y seguridad de los integrantes de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

 

Comienza en Colombia campaña por la vida de líderes sociales

Violencia e inseguridad persisten en Colombia, señalan en ONU Ante la imparable ola de asesinatos de miembros de este movimiento político, nacido de los diálogos de la paz, la JEP ordenó al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que están sometidos a la jurisdicción.

La medida se tomó luego de constatar la persistente grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales (más de 200 comparecientes han sido asesinados), fenómeno suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.

En ese sentido, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil.

Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

Ceballos, de acuerdo con la determinación, tiene que realizar las gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes de FARC, por lo que debe convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

La JEP le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los excombatientes.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, además, le mandó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección a definir medidas de protección e identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

Bogotá, 30 de julio 2020
Crónica Digital/PL

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