Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la novena edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2020, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.
El Índice AML evalúa anualmente las vulnerabilidades de los países al LA/FT y sus capacidades para contrarrestar dichos delitos. Los puntajes de riesgo se basan en datos de fuentes disponibles, de acceso público, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otras. Las puntuaciones cubren 16 indicadores sobre 5 temáticas: Calidad del marco antiLA/FT, Soborno y corrupción, Transparencia financiera y estándares, Transparencia pública y rendición de cuentas, y Riesgos legales y políticos.
Pese a que ningún país tiene “cero riesgos” al LA/FT, los con mejor desempeño en el Índice AML 2020 son Estonia, Andorra y Finlandia, mientras que Afganistán, Haití y Myanmar son los con el rendimiento más bajo.
En 2020, la puntuación total de Chile llegó a 3,82, ubicándose en el lugar 125 de entre 141 países evaluados (mientras más alto el puesto, mejor), resultando el mejor evaluado en Latinoamérica y el Caribe.
“Por el momento, las principales deficiencias radican en altos niveles de corrupción y soborno, bajos niveles de transparencia financiera y poca transparencia pública y rendición de cuentas”, señala el AML 2020 respecto de la región de América Latina y el Caribe.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expresó su satisfacción por el resultado de Chile en el AML 2020, destacando que la estrecha colaboración entre el sector privado y público en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF, ha permitido que, entre 2007 y 2019, los Tribunales de Justicia hayan dictado 167 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos.
“La cooperación interinstitucional dentro del sector público, así como con el sector privado, ha sido fundamental para prevenir, detectar, perseguir y sancionar penalmente el delito de lavado de activos. Si a esto se suma la continua especialización de policías y fiscales en investigaciones financieras/patrimoniales, vemos que no solo hemos logrado condenas que privan a los delincuentes de su libertad, sino también que han golpeado duramente sus finanzas y su capacidad para reiniciar actividades ilícitas a través de terceros”, dijo Javier Cruz.
Santiago de Chile, 24 de julio 2020
Crónica Digital
