A juicio de los miembros del ente, la determinación, tomada después de no ser aceptada anteriormente, en ocho ocasiones, por el CNE y de una apelación archivada por el Tribunal Contencioso Electoral, con efecto de cosa juzgada, es resultado de la presión indebida e inconstitucional de la Contraloría General, que no forma parte de la función electoral.
También estimaron que la acción del Consejo Nacional Electoral ‘obedece instrucciones del presidente, Lenín Moreno’.
Tras considerar el acto como una parcialización política, el Grupo alertó que pone en entredicho la legitimidad de las elecciones previstas el próximo 7 de febrero de 2021 en este país sudamericano.
Igualmente, consideró que sienta un grave precedente regional al permitir que, a través de la proscripción electoral de la oposición se altere, de forma anticipada, la legítima expresión de la voluntad popular, esencia de la democracia.
Al respecto, instó a los vocales del CNE, contra quienes el contralor general, Pablo Celi, predeterminó responsabilidad de destitución y multas, a recapacitar sobre lo actuado y evitar así, llevar la democracia de Ecuador por el camino de la arbitrariedad, propio de las dictaduras militares de tan ingrata recordación.
‘En consecuencia, alertamos a la comunidad internacional sobre el grave peligro que esta situación plantea en el hoy difícil camino de sostener la continuidad democrática en el hemisferio’, concluyó el ente.
El pronunciamiento, que circula en redes sociales, fue suscrito por los expresidentes de Colombia Ernesto Samper y Paraguay Fernando Lugo, así como los excancilleres de Brasil Celso Amorim y Ecuador Guillaume Long.
También se adhirieron los políticos Camilo Lagos, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami y Cariola y Alejandro Navarro (Chile), Aloizio Mercadante (Brasil), Mónica Xavier y Daniel Martínez (Uruguay), Carlos Sotelo (México), Iván Cepeda y Hugo Martínez (Colombia), Adriana Salvatierra y David Choquehuanca (Bolivia).
Tras la suspensión de Fuerza Compromiso Social, junto a otros tres partidos (Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social), ocurrida el pasado domingo, corren 10 días para la presentación de las pruebas de descargo por cada una de esas organizaciones.
Para muchos, la decisión del CNE busca impedir la participación del exdignatario Rafael Correa en los comicios presidenciales y legislativos de 2021 y se inscribe en la trama de persecución política en contra del exmandatario, funcionarios y seguidores de la llamada Década ganada (2007-2017), período de sus dos gestiones presidenciales.
Quito, 21 julio 2020
Crónica Digital/PL
