“Hay poca diferencia entre los movilizados de octubre, y quienes exigen ahora un poco del dinero de su fondo de pensiones”, consigna la periodista Marina Menéndez Quintero del diario cubano “Juventud Rebelde”.
La crónica señala que “la gente en Chile quiere sacar su dinero de la caja de pensiones –o, al menos, una ínfima parte de él– y así lo hará si el Senado se comporta como la Cámara, que el miércoles, en medio de un cacerolazo masivo”, aprobó que las personas puedan retirar, anticipadamente, al menos el 10 por ciento de lo que “les guardan” las AFP.
“Reclamos viejos y nuevos se unen en la exigencia, que promueven organizaciones sociales y populares, y políticos de distinto signo respaldan también”, indica.
Y subraya: “Los motivos circunstanciales tienen que ver con el agujero que, como en todas partes, ha cavado la COVID–19 en los bolsillos de la economía nacional y, por tanto, de los ciudadanos; solo que allí el vaciamiento ocurre en medio de la desprotección de personas a merced del mercado. Los motivos de fondo están relacionados con lo estructural: las pensiones son parte del modelo que dejó instaurado el dictador Augusto Pinochet cuando Estados Unidos le abandonó y se fue en 1990. Son esos, por tanto, los problemas más profundos. Unos y otros, sin embargo, hacen daño por igual y se dan la mano en la zozobra que vuelve a estremecer a Chile”.
“De las causas primeras dan cuenta las cifras, que vuelven a reflejar el drama de un país tenido por modelo en lo económico, pero donde la ausencia de riendas en manos del Estado hace los mayores estragos, en un contexto de inédita y severa crisis sanitaria”, anota.
No obstante, agrega, “los sinsabores y la rebeldía (…) vienen de atrás. Debajo del cráter por donde volvió a brotar lava con movilizaciones que estremecieron las más importantes ciudades, bulle el magma que alimentó las protestas iniciadas en octubre. Entonces, la chispa fue el decretado aumento en el costo de los pasajes. Tras la demanda de que se anulara el alza, ardió el país con toda clase de exigencias: fue un incendio social sin cabeza visible que lideraron, de modo horizontal, diversos movimientos gremiales y populares”.
Y observó: “No faltó similar espontaneidad, ni los analistas que considerasen el masivo cacerolazo nacional de esta semana como continuación de aquellas movilizaciones”.
“Ahora el proyecto pasa al Senado y, si se aprueba, augura a Piñera otro dolor de cabeza además del que le debiera estar provocando la pandemia, de difícil control con un sistema de salud privatizado cuyo alcance no pueden remplazar los paliativos, en una circunstancia tan peliaguda como la del coronavirus”, señala.
Detalla: “No es algo de otro mundo lo que se debate. Apenas, que los trabajadores acogidos a los fondos privados de pensiones (¡no hay otros!, y además son obligatorios) puedan extraer, ahora que la falta de trabajo aprieta, el diez por ciento de ese dinero que, supuestamente, se guarda para su jubilación. Pero como Pinochet dejó todo legislado para que nada se pudiera “mover”, la autorización tiene rango de reforma constitucional. Es decir que, para implementarla, será necesario modificar la Carta Magna”.
“Ello explica también la certeza de los sectores movilizados desde octubre, quienes hicieron coincidir todas sus demandas en la exigencia de una Asamblea Constituyente que el Ejecutivo quiere descafeinar, con una membresía escogida dentro del propio Congreso. El proceso consultivo previo ha sido frenado por la pandemia, pero no, como se ve, una necesidad de cambios estructurales que los chilenos tienen a flor de piel. Y vuelve a revelarse que, si se quiere estabilidad en Chile, se precisa otra Constitución”, asevera.
La Habana, 20 de julio 2020.
Crónica Digital.
