Por Rafael Calcines Armas
Tras la fuerte derrota sufrida por el Gobierno de Sebastián Piñera el miércoles último en la Cámara de Diputados, el fuerte pulso con el legislativo entra ahora en una fase decisiva en el Senado.
En una votación histórica, la Cámara Baja aprobó el miércoles una reforma constitucional que permite a los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta el 10 por ciento de sus ahorros.
La iniciativa, que necesitaba el apoyo de 93 diputados, recibió 95 votos a favor, 36 en contra con 22 abstenciones, a pesar del despliegue mediático y las presiones del ejecutivo para impedir a toda costa el triunfo de esa propuesta.
Aunque los promotores del proyecto legislativo advierten que no es lo mejor, pues se basa en que los trabajadores empleen sus propios ahorros para sortear la crisis económica y social agudizada por la pandemia de la Covid-19, es la solución extrema ante la ineptitud gubernamental para brindar ayuda oportuna y suficiente a millones de familias.
En ese sentido parece ser acogida por la mayoría de los chilenos, que según encuestas en más del 85 por ciento la respaldan, lo que quedó demostrado con las expresiones de apoyo en las calles inmediatamente después del fallo parlamentario.
Pero la medida también tiene importantes repercusiones más allá de la pandemia.
Desde amplios sectores políticos y sociales se interpreta como el primer paso -y la derecha también lo ve así-, para reformar de forma profunda las hasta ahora intocables AFP, que el
Gobierno de Piñera defiende a capa y espada, y cambiar el sistema de pensiones en Chile por un modelo solidario que brinde jubilaciones decorosas a millones de adultos mayores que hoy viven en la pobreza.
El hecho de que la iniciativa saliera adelante con los votos a favor o abstenciones de más de una decena de diputados de los partidos oficialistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) pone al descubierto la crisis al interior de la derecha.
Al respecto, el sociólogo y académico Alberto Mayol señaló que Piñera se encuentra en “una
crisis de soledad (…) sin saber cuándo sus aliados lo van a abandonar o si ya lo abandonaron”.
La dirección de la UDI confirmó que llevará a sus diputados díscolos al Tribunal Supremo de ese partido para analizar su militancia, lo que ha sido criticado desde otras formaciones del oficialismo.
Por su parte, el diputado Andrés Celis, de RN, denunció públicamente que algunos correligionarios actuaran “como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de gobierno, beneficios de gobiernos regionales, ofrecer puestos en los gobiernos regionales”.
Ello, con el claro objetivo de que cambiaran su voto, pero a pesar de las amenazas y presiones, existen posibilidades que el proyecto de reforma constitucional prospere también en el Senado.
Precisamente, este viernes comenzó su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y la próxima semana será votado en el plenario.
El Gobierno prevé que los senadores “rectifiquen el error cometido por la Cámara”, tal como expresó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pero si esto ocurriera, más que lograr una victoria, muchos aseguran que el ejecutivo se vería en mayores aprietos.
En ese sentido Mayol señaló que “lo peor que le puede pasar al Gobierno, es lo que ellos ven como lo mejor, es decir, que el proyecto se rechace”, pues es tal el resquemor hacia las AFP en la población, que “sería un escenario complejo de manejar. El Gobierno esta entrampado en un camino que es un error y no se ve por dónde va a salir”.
Asimismo, con antelación el senador del partido Progresista Alejandro Navarro alertó que “si se rechaza el proyecto para retirar el 10 por ciento, se viene una nueva y más dura explosión social. Va a volver la gente a las calles y va a haber represión. El oficialismo será nuevamente cómplice de crímenes de derechos humanos contra la población”.
Un aviso de esa posibilidad fueron los disturbios en la noche del martes último en numerosas ciudades del país, que recordaron a muchos la violencia del estallido social del 18 de octubre de 2019. Tras la fuerte derrota sufrida por el Gobierno de Sebastián Piñera el miércoles último en la Cámara de Diputados, el fuerte pulso con el legislativo entra ahora en una fase decisiva en el Senado.
En una votación histórica, la Cámara Baja aprobó el miércoles una reforma constitucional que permite a los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta el 10 por ciento de sus ahorros.
La iniciativa, que necesitaba el apoyo de 93 diputados, recibió 95 votos a favor, 36 en contra con 22 abstenciones, a pesar del despliegue mediático y las presiones del ejecutivo para impedir a toda costa el triunfo de esa propuesta.
Aunque los promotores del proyecto legislativo advierten que no es lo mejor, pues se basa en que los trabajadores empleen sus propios ahorros para sortear la crisis económica y social agudizada por la pandemia de la Covid-19, es la solución extrema ante la ineptitud gubernamental para brindar ayuda oportuna y suficiente a millones de familias.
En ese sentido parece ser acogida por la mayoría de los chilenos, que según encuestas en más del 85 por ciento la respaldan, lo que quedó demostrado con las expresiones de apoyo en las calles inmediatamente después del fallo parlamentario.
Pero la medida también tiene importantes repercusiones más allá de la pandemia.
Desde amplios sectores políticos y sociales se interpreta como el primer paso -y la derecha también lo ve así-, para reformar de forma profunda las hasta ahora intocables AFP, que el Gobierno de Piñera defiende a capa y espada, y cambiar el sistema de pensiones en Chile por un modelo solidario que brinde jubilaciones decorosas a millones de adultos mayores que hoy viven en la pobreza.
El hecho de que la iniciativa saliera adelante con los votos a favor o abstenciones de más de una decena de diputados de los partidos oficialistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) pone al descubierto la crisis al interior de la derecha.
Al respecto, el sociólogo y académico Alberto Mayol señaló que Piñera se encuentra en “una crisis de soledad (…) sin saber cuándo sus aliados lo van a abandonar o si ya lo abandonaron”.
La dirección de la UDI confirmó que llevará a sus diputados díscolos al Tribunal Supremo de ese partido para analizar su militancia, lo que ha sido criticado desde otras formaciones del oficialismo.
Por su parte, el diputado Andrés Celis, de RN, denunció públicamente que algunos correligionarios actuaran “como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de gobierno, beneficios de gobiernos regionales, ofrecer puestos en los gobiernos regionales”.
Ello, con el claro objetivo de que cambiaran su voto, pero a pesar de las amenazas y presiones, existen posibilidades que el proyecto de reforma constitucional prospere también en el Senado.
Precisamente, este viernes comenzó su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y la próxima semana será votado en el plenario.
El Gobierno prevé que los senadores “rectifiquen el error cometido por la Cámara”, tal como expresó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pero si esto ocurriera, más que lograr una victoria, muchos aseguran que el ejecutivo se vería en mayores aprietos.
En ese sentido Mayol señaló que “lo peor que le puede pasar al Gobierno, es lo que ellos ven como lo mejor, es decir, que el proyecto se rechace”, pues es tal el resquemor hacia las AFP en la población, que “sería un escenario complejo de manejar. El Gobierno esta entrampado en un camino que es un error y no se ve por dónde va a salir”.
Asimismo, con antelación el senador del partido Progresista Alejandro Navarro alertó que “si se rechaza el proyecto para retirar el 10 por ciento, se viene una nueva y más dura explosión social. Va a volver la gente a las calles y va a haber represión. El oficialismo será nuevamente cómplice de crímenes de derechos humanos contra la población”.
Un aviso de esa posibilidad fueron los disturbios en la noche del martes último en numerosas ciudades del país, que recordaron a muchos la violencia del estallido social del 18 de octubre de 2019.
Santiago de Chile, 17 julio 2020
Crónica Digital/PL
