Por Marcel Garcés Muñoz
Este miércoles 15 de julio, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sufrió quizás el más duro revés de su gestión, cuando la Cámara de Diputados aprobó por 95 votos a favor, (13 votos de parlamentarios de su coalición “Chile Vamos”), 36 en contra y 26 abstenciones el retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos de AFP, depositados por los trabajadores chilenos.
El hecho fue calificado editorialmente por El Mercurio como “el peor de los escenarios”, para el gobierno, como una constatación de su torpeza, las burdas formas de extorsión, chantajes, cohechos, y de las amenazas contra sus legisladores, tanto como de la “fabricación“ del enemigo en una campaña del terror como las vividas para justificar los crímenes de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y la destrucción de la institucionalidad democrática y los derechos humanos, que parece estar imponiéndose en los actuales ocupantes transitorios de La Moneda.
Al mismo tiempo, el Gobierno, sus ministros, y sus partidos y los principales líderes de las organizaciones empresariales del país, mostraron los verdaderos intereses económicos y de poder que mueven sus “principios”, y las poco creíbles invocaciones a la defensa de las pensiones de los trabajadores chilenos.
El Mercurio no puede sino reconocer que “la imagen de una autoridad reacia en la entrega de ayudas, las que solo adquieren contundencia luego de ceder a la presión opositora o de sus propias filas, ha causado un profundo daño al Gobierno”.
Mientras tanto, agrega, las iniciativas promovidas por la oposición (“la izquierda”, pretende mañosamente el periódico empresarial) “logran instalarse exitosamente en la opinión pública y frente a las cuales oponerse suponen costos políticos importantes”.
La línea argumental de la Derecha económica y los sectores pinochetistas del empresariado, no deja lugar a dudas.
Lo que buscan, y ello nutre su estrategia, su retórica y también sus maniobras futuras, es acusar y desacreditar a la oposición y la mayoría nacional de los ciudadanos que se oponen a sus políticas neoliberales heredadas de la dictadura de Pinochet, las AFP y la Constitución, por ejemplo.
La orden dada por la FACH para alistar sus efectivos en una segunda fase del rol de resguardo del “orden social” conocida el miércoles 15 de julio, es una amenaza para la democracia en Chile, y una nueva versión, del viejo esquema autoritario castrense del “rol tutelar” de las FFAA que las conduce a declarar la “guerra interna” a los ciudadanos, y asumir la conducción del país amenazado, según su retorcido argumento, por el caos, el desorden, la ingobernabilidad.
Los presidentes de las empresariales Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Bernardo Larraín, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, (CNC), Daniel Melero y de la Multigremial Emprendedores, Juan Pablo Swett, dieron sus instrucciones en vísperas de las votaciones en el Senado, contra el derecho de los chilenos a sacar, si así lo desean, el 10 por ciento de lo ahorrado por ellos en las AFP, y que por derecho les pertenece.
La presidente de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, por su parte amenazó a los díscolos que aporbaron el retiro del 10 por ciento en la Cámara de Diputados (y a los que pudieran hacer lo mismo en el Senado) con las penas del infierno, pasarlos al Tribunal Supremo de la colectividad, expulsarlos del partido y de retirarlos de las listas de próximos candidatos al Congreso Nacional, es decir enviarlos al ostracismo político, venganza que ha significado echarle bencina a la crisis en Chile Vamos.
De este forma el Gobierno, la Derecha y el empresariado contradice la opinión de los chilenos, expresada en una encuesta del miércoles 15 de julio de la consultora Pulso Ciudadano, que establece que el 88,4 por ciento aprueba que los ciudadanos pueda retirar el 10 por ciento de sus ahorros en las AFP, mientras apenas un 12 por ciento se pronunció a favor del llamado Plan Fortalecido de Protección de la Clase Media, que en un acto de malabarismo demagógico sacó del sombrero el presidente Piñera.
Además, un 82 por ciento prefiere retirar su 10 por ciento de sus fondos en la AFP, por sobre el apresurado proyecto del Gobierno, que solo obtiene una preferencia del 12 por ciento. Del universo consultado.
Además el muestreo establece que un 79.9 por ciento prefiere la opción de la reforma constitucional para acceder a sus fondos, frente a un 15.1 por ciento que preferiría el llamado Préstamo Solidario de la propuesta de última hora del Gobierno.
Claramente las batallas políticas y sociales que se vienen son cruciales para el futuro de los ciudadanos, y cabe esperar que ellos se expresen. El protagonismo social debe acompañar la acción de los actores parlamentarios y darles el apoyo de masas necesario para la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos y sus justas demandas.
El llamado no puede ser otro que, con la unidad y la movilización ciudadana, frustrar y superar las sucias maniobras represivas que se intentan desde el gobierno, la derecha y el empresariado pinochetista.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 16 de julio 2020
Crónica Digital
