El incremento de casos de Covid-19 en el país, que en estos momentos suman 109 mil 505 casos confirmados y tres mil 777 decesos; y el desempleo cuya cifra en mayo último fue de 4,7 millones de personas sin trabajo influyeron en la opinión de los encuestados.
De acuerdo con el sondeo de opinión, no es la pandemia de la Covid-19, el principal problema en la nación suramericana.
La corrupción y el desempleo, las irregularidades cometidas por funcionarios al adquirir insumos médicos o alimentos, ha causado indignación en la ciudadanía, según el estudio.
Sin embargo, otras realidades en el país suramericano apuntan a una baja en la aprobación del mandatario y su gabinete, sobre la base de nuemrosas denuncias en el país provenientes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y políticas
En tal sentido las recientes revelaciones en el caso Ñeñepolítica sobre la compra de votos para la campaña presidencial de Duque generan gran rechazo en buena parte de la sociedad colombiana.
Esta semana salieron a la luz nuevas pruebas que son parte de unos audios interceptados por la Fiscalía entre 2017 y 2019 al ganadero José Guillermo Hernández, alias Ñeñe y ya fallecido que involucran a Priscila Cabrales, asesora política del expresidente Álvaro Uribe, y a Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, partido de gobierno.
Según las nuevas revelaciones, un empresario extranjero habría aportado dinero para la campaña de Duque.
A todo esto se suma el asesinato de unas 500 personas que lideraban procesos comunitarios o defendían los derechos humanos en Colombia, principalmente indígenas y campesinos, a los cuales se añaden los homicidios de 215 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Una de las noticias más sobresalientes en el país fue el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente Duque suspender en una plazo de 48 horas las operaciones de militares de Estados Unidos en el territorio nacional.
El Tribunal ordenó al mandatario que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos.
También mandó al gobernante que suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado asuma su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo, de acuerdo con la Constitución.
Bogotá, 4 julio 2020
Crónica Digital/PL
