Este jueves el Senado aprobó la iniciativa que evitaría el corte de servicios básicos durante el Estado de Catástrofe decretado ante la pandemia del Coronavirus. A pesar de que el proyecto de ley ayudaría a los usuarios morosos que arriesguen perder sus suministros de agua, luz, internet, telefonía o gas, el Gobierno advirtió que este podría considerarse inconstitucional.
Al respecto, el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, explicó que para que sea declarado inconstitucional, “la decisión tendría que pasar por la evaluación del Tribunal Constitucional a petición del presidente de la República, de las Cámaras o de una parte de ellas”.
“El proyecto, mientras no cuente con el patrocinio del Ejecutivo, es inconstitucional porque implica gasto fiscal. En la elaboración del presupuesto, dado que es una ley, interviene también el Congreso, pero este solo puede aprobar, disminuir o rechazar el gasto público, no aumentarlo. En cualquier caso, esto no es un pronunciamiento sobre el fondo del proyecto, sino una evaluación de su constitucionalidad”, explicó el académico.
Por otro lado, el experto en derecho público indicó que si tanto el Tribunal Constitucional como el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, el proyecto de la prohibición de cortes de servicios básicos sería aprobado sin ningún cuestionamiento.
“Si el Tribunal Constitucional o el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, la ley podrá ser aprobada y promulgada sin problemas. Será, entonces, ley de la República. Ahora, si llegase a declararse inconstitucional, no existe otro mecanismo para aprobarla, sino el trámite legislativo que incluye al Congreso y al presidente”, advirtió.
“Considero altamente positivo que el Gobierno esté disponiendo de una batería de ayudas sociales para la crisis sanitaria y, más aún, para la crisis económica que venimos arrastrando desde octubre. Buena parte de esas medidas han contado con la participación del Congreso Nacional, quienes deben colaborar. Espero, en todo caso, que el Gobierno considere esta iniciativa junto con otras para aliviar a las familias chilenas más necesitadas”, finalizó Zambrano.
Una visión crítica
Para el también académico de la Facultad de Derecho, abogado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, el proyecto para la suspensión de cobro de servicios básicos, “en términos estrictamente jurídicos, es inconstitucional”.
“Es cierto que las empresas de servicios públicos, precisamente, prestan un servicio a la comunidad, pero ellos tienen un derecho de propiedad sobre sus instalaciones y sobre sus servicios y, desde el momento en que usted, mediante una ley, vulnera el derecho de propiedad de estas empresas, lo que está haciendo, en pocas palabras, es iniciar una acción expropiatoria”, acusa.
En palabras de Bobadilla, “como ciudadano, claro que me parece una buena idea esto de impedir los cortes por no pago. De buenas a primeras, suena muy bien. Pero en términos estrictamente jurídicos, cuando el Estado, ya sea a través del Congreso o del Gobierno, interviene en la propiedad privada, iniciamos un camino que es muy difícil”.
“Hay que entender que todas estas empresas, por lo general, tienen capitales extranjeros, por lo tanto, imagínense qué pasaría si usted fuera el gobierno de Francia y se da cuenta que capitales de su nacionalidad están sufriendo alguna medida de carácter expropiatoria. Hoy en día cualquier medida de este tipo, a nivel internacional, es muy mal vista. Le recuerdo lo que está pasando en Argentina”, agregó el académico.
Finalmente, el abogado adjudicó el avance de esta propuesta, al desconocimiento de las normas jurídicas.
“Yo entiendo que la idea de los parlamentarios que están detrás de este proyecto de ley es tratar de darle una mano a la gente, pero creo que esto también revela el bajo momento intelectual que hay, hoy en día, en nuestro mundo político; el bajo nivel de estudios, de conocimiento de las normas jurídicas del país, porque creo que los parlamentarios no saben lo que están legislando”, enfatizó Luis Bobadilla.
Santiago de Chile,14 de junio 2020
Crónica Digital/usach.cl
