El Ministerio Público abrirá una investigación penal en contra del Tribunal Constitucional, luego de que la diputada Carmen Hertz presentó una denuncia con el propósito de que se indaguen irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos en el período de la presidencia de Iván Aróstica. El persecutor será elegido por la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La situación se origina en una entrevista que dio al diario “La Tercera” la actual presidenta del organismo, María Luisa Brahm Barril: “Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción”. Agregó que “esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios”.
Frente a ello, Carmen Hertz manifestó que “las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, son extremadamente graves, ya que está señalando que las dilaciones en las causas de los derechos humanos, que son las causas que se han dilatado por meses, lindan con la corrupción”. Añadió que “he denunciado ante la Fiscalía Nacional, la necesidad de que se abra una investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, de los miembros del Tribunal Constitucional que componían ese tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses”.
La situación se desencadenó en el contexto de la fractura al interior del Tribunal luego de la votación que terminó en el rechazo al requerimiento de parlamentarios de Chile Vamos que acusaron discriminación por no incluir a los genocidas presos de Punta Peuco en la ley de conmutación de penas enviada por La Moneda.
María Luisa Brahm señaló que es explicable el desprestigio de la entidad ante la ciudadanía, por su falta del cumplimiento de su rol. “Yo creo que el desprestigio del Tribunal se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones”, dijo en la entrevista con “La Tercera”. Explicó: “Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, en la suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple con sus funciones”.
“Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses en que no había pasado nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Eso produjo mucho malestar no sólo entre las partes, sino que también en los tribunales, porque cuando un requerimiento entra al Tribunal Constitucional se produce la mayoría de las veces la suspensión de la causa de base”, señaló María Luisa Brahm agregando que una vez le tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente “por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el Tribunal Constitucional”.
“Yo creo que él (Aróstica) proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos. Se acumulaban causas y no se gestionaba internamente y eso permitió que el Tribunal fuera ocupado de forma instrumental para suspender juicios”, explicó la jurista.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también llamaron a que el Poder Judicial aclare las graves acusaciones formuladas por la presidenta del Tribunal Constitucional, que fue directora ejecutiva del Instituto Libertad, centro de estudios vinculado a Renovación Nacional, y que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrada jefa de asesores del Gabinete Presidencial e integrante del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno.
Santiago, 21 de abril 2020.
Crónica Digital.
