Antes, mucho antes de que la terrible Covid-19 se expandiera por todo el mundo y prendiera las alarmas globales en materia económica, América Latina y el Caribe era ya una región vulnerable.
Al cierre de 2019, la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció el ingreso a la fila de los pobres de seis millones de personas más en comparación con el 2018.
De esta manera, 2020 iniciaría con cerca de 190 millones de individuos en condición de pobreza, de los cuales casi 70 millones estarían en una situación paupérrima.
Aun sin que se sospechara acerca del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad letal, se sabía que más del 53 por ciento de la población ocupada en la región permanecía en el empleo informal y que los ingresos de millones de trabajadores no eran suficientes para su sustento.
La incidencia de la informalidad en el ámbito laboral en América Latina y el Caribe es una de las más altas a nivel mundial, reconoció desde hace tiempo la Organización Internacional del Trabajo.
Sin coronavirus que causase dolorosos estragos, la inequidad entre los ciudadanos latinoamericanos era ya la más grande de todo el orbe, por encima incluso, del África Subsahariana.
Así lo atestiguó la Cepal que, además, refirió que el período 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas siete décadas.
‘Frente a este escenario la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de otras que estimulen el crecimiento y reduzcan la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las demandas sociales’, dijo antes de la alarma sanitaria Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del ente.
Aquellas políticas que en la zona cementaron la cultura del privilegio para unos pocos, por encima de la satisfacción de las necesidades más básicas para millones de personas, encuentra ahora terreno fértil para que la epidemia resulte una verdadera tragedia.
Bárcena sostiene que el panorama emula a aquellas escenas solo provocadas por un conflicto bélico.
Hemos calculado, sostuvo en declaraciones de hace pocas horas, que si la economía cayera un 1,8 por ciento, esto tendría una repercusión de una subida del desempleo de 10 puntos porcentuales.
Esto impactaría fuertemente en las familias más pobres y en la desigualdad, alegó.
De hecho, también se estima que con esta caída del Producto Interno Bruto y este aumento del desempleo, el número de personas que viven en pobreza se incrementaría de 186 millones a 219,1 millones.
Según la funcionara, la pobreza extrema aumentaría de los 67,5 millones a los 90,7 millones.
Es decir, consideró, es un impacto muy fuerte en los hogares, en las personas, en las pequeñas y medianas empresas y en quienes trabajan por cuenta propia.
Así, se calcula que para América Latina el retroceso económico de la región sería de un 1,8 por ciento, aunque no se descarte que pueda llegar a caer aún más, quizás hasta un tres por ciento.
La directiva reconoció que prima en la región una débil infraestructura en materia sanitaria incapaz de hacer frente a la situación.
De acuerdo con Bárcena, la región posee sistemas de salud fragmentados, donde lógicamente hay una serie de problemas porque hay grandes brechas en el acceso a estos.
Por ejemplo, dijo, dentro de los más pobres, tan solo el 34 por ciento tiene alguna cobertura de salud.
Entonces, para hacer frente a desafíos que devela la Covid-19, la funcionaria mencionó la necesidad de que América Latina y el Caribe retomen la integración regional.
Reveló, además, que se debe reflexionar acerca de la pertinencia de mantener el modelo económico imperante, cuyas ineficiencias han sido puestas de relieve como nunca antes por la actual pandemia.
La Habana, 30 marzo 2020
Crónica Digital/PL
