Medidas contra el Covid-19 en Chile lejos del reclamo popular

 Mientras el Gobierno aplica de a poco medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19, sectores sociales, políticos y académicos piden decisiones más drásticas para evitar graves consecuencias sociales y económicas.

Así, mientras desde la Asociación de Municipalidades piden la gratuidad de los exámenes para detectar el nuevo coronavirus, lo más lejos que llegó el ejecutivo hasta ahora es imponer un precio mínimo a las clínicas y laboratorios privados de unos 30 dólares, que si bien recorta los costos excesivos, sigue siendo una carga para la mayoría.

Desde el palacio de La Moneda se insiste en lo contraproducente desde el punto de vista económico de implantar la cuarentena total en el país, sin embargo, académicos, médicos, políticos y organizaciones sociales insisten en que en esa posición parece prevalecer un criterio economicista sobre el interés de salvaguardar la salud de los trabajadores.

Una de las medidas anunciadas por el Gobierno en su plan económico para enfrentar la Covid-19 fue la entrega de un bono de 50 mil pesos (unos 60 dólares) por una sola vez, pero la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados, donde muchos legisladores consideraron insuficiente es cifra y reclaman que se duplique o se aplique por varios meses.

Al respecto insisten en que el Estado cuenta con recursos suficientes para soportar esa carga.

Incluso mientras en el ejecutivo se habla de forma insistente en los onerosos gastos que provoca la pandemia, se multiplican las críticas por la inversión mensual de más de 800 millones de pesos (superior al millón de dólares) en el alquiler de Espacio Riesco, un centro de convenciones privado, para establecer allí un hospital de campaña.

En redes sociales advierten que ello representa un negocio redondo para los propietarios del lugar y un gasto innecesario para el Gobierno cuando tiene facultades por el estado de catástrofe imperante, para ocupar locales como ese sin gasto alguno.

En la misma medida tampoco han encontrado respuesta hasta ahora las exigencias de que como han hecho otros países, las cuentas de agua, luz, teléfonos y otros servicios sean suprimidas o postergadas durante varios meses por las empresas para las familias humildes y las pymes. Al respecto La Moneda no ha tomado ninguna decisión hasta hoy.

Incluso una ley sobre teletrabajo promulgada la víspera por el presidente Sebastián Piñera y presentada como un paso importante para garantizar la seguridad de los trabajadores ante la pandemia, fue cuestionada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Su presidenta, Bárbara Figueroa señaló que con esa legislación los empleados que se acojan a ella tendrán que laborar 12 horas diarias y sin reconocimiento a las horas extra, lo cual genera condiciones de precariedad.

Santiago de Chile, 25 de marzo 2020
Crónica Digital/PL