Al respecto, la abogada de Derechos Humanos Julia Urquieta, denunció que ese requerimiento obedece a una persecución política de la derecha, sin fundamento jurídico alguno de parte de un tribunal que a su juicio carece de legitimidad.
Asimismo calificó de inaceptable que un supra poder como el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de destituir a un parlamentario, pasando por encima de la decisión popular de quienes lo eligieron para esa responsabilidad.
Recordó igualmente que Gutiérrez desde su condición de abogado ha sido un defensor de las causas a favor del respeto a los derechos humanos y por ello es visto con resquemor por las fuerzas de la derecha.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que la sanción que se busca aplicar a Gutiérrez obedece a una política de acoso debido a su lucha incansable durante muchos en defensa de los derechos humanos.
Criticó además que el Tribunal Constitucional ha asumido una postura de apoyo a quienes han violado los derechos humanos y ha sido un instrumento establecido desde la constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, convertido en una especie de cuarto poder para atacar todo lo que represente algún tipo de progreso.
Lira valoró que Hugo Gutiérrez ha marcado un precedente al no reconocer legitimidad alguna al Tribunal Constitucional, optando por no establecer su defensa ante ese órgano y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La carta entregada al TC de seis puntos, rechaza la acusación que tratan de llevar adelante los partidos de derecha y considera inexplicable que el TC la admita ahora cuando con anterioridad había declarado inadmisible otro requerimiento fundado en los mismos argumentos.
Añade que tal cambio de posición del TC hace pensar en ‘la existencia de presiones y decisiones tomadas con criterios políticos y no jurídicos constitucionales, de una instancia cuyos fallos han sido permanentemente rechazados por la ciudadanía por su falta de imparcialidad’.
Concluye que ‘ante lo anterior, manifestamos nuestro profundo rechazo al actuar discriminatorio y político del Tribunal Constitucional y su rol de garante de la antidemocrática Constitución de 1980, transgrediendo la voluntad popular expresada democráticamente por los ciudadanos que han elegido reiteradamente’ a Gutiérrez.
Santiago de Chile, 26 de enero 2020
Crónica Digital/PL
