El gobierno del presidente Sebastián Piñera y la alianza derechista, Chile Vamos, que lo sustenta, han vuelto al lenguaje del chantaje político y la artera amenaza de ka fuerza, como estrategia para desconocer la voluntad democrática de los chilenos.
Lo que está hoy en marcha desembozada es una contraofensiva derechista, con La Moneda a la cabeza, y su bloque gubernamental, contra el proceso de elaboración de una nueva Constitución reclamada por la ciudadanía.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció descaradamente que de persistir la legítima acción política de la oposición, pueden patear la mesa, suspender el proclamado plan social y el propio proceso constitucional, confirmando que con ello solo intentaron enfriar la caldera de la protesta ciudadana desatada en octubre del año pasado.
“La convivencia democrática no es posible si no tenemos niveles mínimos de paz social y de orden público”, apuntó el ministro en declaraciones a El Mercurio (05.01.2020) agregando que “Estamos obligados a ponernos de acuerdo y no será posible concretar la agenda social y constitucional sin orden público”.
El que en algún momento apareciera como el ministro “dialogante”, incluso con la izquierda de la oposición, ha mostrado su verdadero rostro, o la subordinación a la altanería de la UDI y su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe y de los sectores ultraderechista de RN, que buscan terminar además con el “progresismo” de su presidente, Mario Desborde, amenazando con la división de la colectividad y por cierto sumarse al objetivo revanchista del pinochetismo, encabezado por el caudillo del neofacista partido Acción Republicana, José Antonio Kast.
Van Rysselberghe, los díscolos de RN y Kast, han proclamado su rechazo a una nueva Constitución para Chile, y al proceso que debe tener como punto de partida el plebiscito anunciado para el 26 de abril próximo.
Ahí se ve el objetivo real del proclamado “diálogo” ofrecido por La Moneda a la oposición, de la cantinela de haber “entendido” el malestar social y de su táctica de dividir a los ciudadanos de oposición política en buenos y malos y de haber logrado la subordinación de un sector de la centro izquierda a la “hoja de ruta” gubernamental para el 2002 y el 2003.
Queda claro entonces que la estrategia de La Moneda no fue otra que ganar tiempo, mientras elaborada la estrategia del enfriamiento del ambiente, de la división del campo opositor, criminalizar la protesta social, calmar la condena internacional por los crímenes de la represión, y así, reordenar sus fuerzas y lograr los votos y voluntades de las elites políticas, para desconocer las demandas de los millones de chilenos y engatusar a ciertas oligarquías políticas crédulas, y a los directivos y editorialistas de medios de comunicación oficialistas, con supuestos planes de reformas.
Un nuevo hecho se agrega a la estrategia; ocho de los nueve senadores de RN, encabezados por el esposo de la ministra de Educación Marcela Cubillos (entusiasta propagandista de Pinochet en el plebiscito de 1988), Andrés Allamand, que con su conocida y teatral “travesía del desierto”, guiso limpiar su pasado pinochetista, han anunciado que votarán a favor del Constitución impuesta a sangre y fuego por la dictadura y contra una nueva Carta Magna para Chile.
Así la aprobación del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en la madrugada del 15 de noviembre, no habría pasado de ser un volador de luces destinado a los incautos.
Los “cómplices pasivos” de los crímenes de Pinochet, la derecha económica y política, creen que ha llegado el tiempo de la revancha, y de reconstituir el entramado dictatorial, e imponerse sobre las demandas democráticas y progresistas de los chilenos.
No podían faltar en la batería de argumentos de los pronunciamientos de los personeros derechistas, declaraciones de empresarios, “académicos”, opinólogos que pretenden atemorizar a la población con supuestos efectos malignos de una nueva Carta Magna sobre el trabajo, la productividad, la cesantía. el orden público, la familia, la propiedad privada, la moral, etc., etc. que tendría una nueva constitución (y por supuesto no podían faltar, los males que podrían tener sobre las buenas familias chilenas, el comunismo, el caos, la violencia, el desorden social, el aborto y otros males de la modernidad).
Llama la atención además que el propio presidente del Servel, Patricio Santamaría, alerte sobre el hecho de que a menos de dos meses del plebiscito del 26 de abril, el Gobierno no haya aprobado aún el presupuesto, de 30 mil millones de pesos, necesario para financiarlo.
Así se abre una incertidumbre legítima y sospechas sobre la verdadera voluntad oficial y de su coalición sobre lo que debiera constituir quizás el acto más democrático de los últimos años en el país.
Todo pareciera indicar que el propósito real fue y es mantener el modelo neoliberal de explotación, la pobreza y las carencias económicas de los ciudadanos como mecanismo para acallar protestas y reclamos, para el desconocimiento de los derechos democráticos, como método de presión y dominio político social y económico.
Estos objetivos antidemocráticos de la estrategia derechista, para enfrentar no solo el malestar social generalizado, sino su orfandad política y el rechazo ciudadano, obligan a la oposición de centro izquierda y democrática, a estar atentos a las amenazas del uso inmediato de la fuerza represiva y a diversas otras tentaciones totalitarias de la Derecha y el gobierno.
Además por supuesto, y se podría decir en primer lugar, del desconocimiento de las demandas y la voluntad expresada en estos últimos meses por la ciudadanía.
La demonización de la oposición y de sus legítimas iniciativas democráticas es un camino que conduce a provocaciones, calumnias, montajes que pueden tener graves consecuencias para la estabilidad del escenario político nacional.
Las absurdas, mentirosas acusaciones de complots y conspiraciones externas e intromisión de líderes, o partidos extranjeros en los “asuntos internos” del país, que fueron propios de la “guerra fría”, no son otra cosa que, elementos de la doctrina de la “guerra interna”, impuesta trágicamente al país por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) recuerdan los argumentos utilizados por las hordas criminales en los años 73-90 para justificar sus crímenes.
Y como se ve, de nuevo se utilizan hoy contra las demandas populares, y la ciudadanía que protesta.
Mantenerse en estado de alerta frente a los peligros que enfrenta la institucionalidad democrática y su fortalecimiento con una nueva Constitución es la voz de orden para el presente.
Es deber y el derecho de la oposición democrática denunciar, de manera oportuna y firme, las pretensiones de suspender los derechos de los ciudadanos, de complotar contra el proceso constituyente.
Hay que denunciar y condenar cada intención y procedimiento que utilizan los violentos que están en La Moneda para atentar contra la institucionalidad y principios democráticos o complotar, desfigurar, criminalizar y desacreditar la movilización ciudadana, la fuerza y voluntad de sus demandas.
Al mismo tiempo no hay que temerle al verdadero sentido semántico, sociológico, político y hasta cultural, del concepto “lucha”: “un esfuerzo sostenido por conseguir un objetivo”, como concepto estratégico y táctico de la movilización popular.
Sin ello, por lo demás, no habría sido posible, imponer una nueva agenda política en el escenario, hacer oír la voz de la ciudadanía, y abrir un camino político y social a las demandas de la ciudadanía.
Defender esta perspectiva de progreso y de ampliación de la democracia para el Chile del futuro, no solo es una proyección del espíritu colectivo que ha aprendido por su dramática historia que solo la lucha y la unidad hará posible ejercer su legítimo rol patriótico e histórico, que hoy pretenden usurpar oligarquías políticas, económicas, y fácticas.
En este sentido 2020 puede ser un año decisivo.
El autor es periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de enero 2020
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