Todo parece indicar que las declaraciones emitidas por las autoridades de gobierno, continúan expresando una total falta de empatía y conexión con lo que está sucediendo en el país. Ahora último fue el turno a la Ministra de Educación, la abogada Marcela Cubillos, quien se manifestó en apoyo del proyecto de ley que busca sancionar las comunidades escolares que “adoctrinen” a los estudiantes en su formación, amenazándolas incluso con la pérdida del reconocimiento oficial por parte del Estado.
Este tipo de iniciativas, que descansan sobre la base de la desconfianza hacia las y los profesores al considerarlos “adoctrinadores”, representan un claro retroceso en lo que respecta a la autonomía docente al imponerles, desde fuera del aula, una determinada mirada de los procesos formativos y sobre qué y cómo debe enseñar. En el caso de la materia de historia, que además están siendo reducidas las horas para la enseñanza media, estos docentes se verían impedidos de enseñar la historia reciente – y en unos años más, este estallido social-, analizando críticamente el rol del gobierno de Sebastián Piñera en la violación sistemática de los derechos humanos, a partir de la declaración de guerra al pueblo de Chile.
Pero en el fondo lo que busca limitar este tipo de proyectos, los cuales cuentan con el respaldo mayoritario de la derecha en Chile, es el pensamiento crítico de nuestros jóvenes, al cual atribuyen parte importante de este estallido social. En otras palabras, lo que pretende el gobierno es eliminar contenidos formativos, asegurando así que nuestros estudiantes no formulen un pensamiento crítico sobre la realidad que los rodea.
Resulta incompresible que las autoridades de gobierno mantengan una actitud de desconfianza y violencia hacia el movimiento social. En el caso de las profesoras y los profesores, esta violencia se manifiesta cuando se los cataloga de adoctrinadores por enseñarles a sus alumnos la importancia de los derechos humanos como principios indispensables para la construcción de una sociedad más justa.
Violento es el gobierno que amenaza a las comunidades educativas con la pérdida del reconocimiento oficial, si continúan enseñando la importancia de los derechos sociales y la necesidad de que el estado los garantice. Violento es pretender que nuestros estudiantes no desarrollen un pensamiento crítico sobre la realidad que les toca vivir, y quieran transformarla. Violencia es también mutilar el curriculum nacional a partir de la reducción de horas de materias como filosofía, y ahora último, historia y artes; todas estas áreas de la formación de nuestros jóvenes son profundamente humanística y permiten el desarrollo como una gran comunidad que prioriza la solidaridad y respeto por sobre el individualismo e indiferencia propios del modelo que ha entrado en crisis.
Paulina Cartagena Vidal
Vicepresidenta Colegio de Profesores RM
Santiago de Chile, 28 de noviembre 2019
Cró
