La Asamblea General de la ONU ha manifestado su rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba durante 27 años consecutivos, y reclama la urgencia de ponerle fin a ese mecanismo que aparece como el principal obstáculo para el desarrollo de la isla caribeña.
A partir de la primera votación realizada en 1992, los Estados miembros del organismo multilateral –con excepción de dos o tres según han transcurrido los años– expresan por medio de una resolución su oposición al cerco norteamericano.
En el debate de alto nivel de este año en la Asamblea, más de 40 países manifestaron explícitamente su condena al bloqueo estadounidense y expresaron solidaridad con Cuba al intervenir en la magna cita, que se celebró del 24 al 30 de septiembre.
De acuerdo con cifras de la misión de Cuba ante Naciones Unidas, 43 Estados de diferentes continentes pidieron el levantamiento del bloqueo impuesto hace casi seis décadas por Washington, el cual ocasionó daños por valor de 922 mil 630 millones dólares en ese período.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez recordó en su discurso en el debate general que durante los últimos meses, Estados Unidos inició la aplicación de medidas criminales, no convencionales, para impedir el abastecimiento de combustible a la nación caribeña desde diversos mercados.
En este último año, explicó, el Gobierno norteamericano aumentó sus acciones de hostilidad y bloqueo: impuso escollos adicionales al comercio exterior e incrementó “la persecución de nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo”.
Ha limitado en extremo los viajes y cualquier interacción entre ambos pueblos. Obstaculiza los vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en Estados Unidos, señaló el jefe de la diplomacia cubana.
La ilegal Ley Helms–Burton de 1996, cuyo Título III Washington decidió activar este año, guía esa conducta agresiva, recalcó.
Casi seis décadas de bloqueo norteamericano han provocado perjuicios cuantificables por más de 922 mil 630 millones de dólares, pero los daños humanos que produce esta política genocida son incalculables, dijo el canciller recientemente por medio de su cuenta oficial en Twitter. “El sufrimiento causado a las familias cubanas no puede contabilizarse”, indicó.
LEY HELMS–BURTON: MÁS HOSTILIDAD HACIA CUBA
Desde su entrada en vigor en 1996, la Ley Helms–Burton procura universalizar el bloqueo mediante presiones brutales e ilegales contra terceros países, sus gobiernos y empresas. Así explicó la representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez.
Con esa ley, el Gobierno norteamericano persigue asfixiar a la isla y promover las carencias de la población con el propósito de imponer un gobierno que responda a sus intereses, apuntó.
De acuerdo con la embajadora, la Helms–Burton y la activación de sus títulos III y IV es el fundamental instrumento político y legal de la actual agresividad estadounidense.
Asimismo, destacó su marcada pretensión extraterritorial, al someter a ciudadanos e instituciones de terceros países a la jurisdicción de las Cortes de Estados Unidos por acciones legítimas ocurridas fuera de su territorio.
La misión de Cuba ante la ONU publica regularmente comunicados con detalles del aumento del carácter extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña.
Son muchos los ejemplos de la aplicación extraterritorial del bloqueo, recrudecido con la decisión del Gobierno de Washington que permite –al amparo del Título III de la Ley Helms–Burton– la posibilidad de tomar acción judicial en tribunales norteamericanos contra entidades que trabajen con propiedades nacionalizadas en la década de 1960, resaltaron.
Esta disposición, expusieron, ataca la libertad de comercio y refuerza el carácter extraterritorial de las sanciones contra Cuba, además de dañar las relaciones económicas y comerciales de la isla con la comunidad internacional.
“La Ley Helms–Burton, violatoria de principios del Derecho Internacional como la libre determinación de los pueblos, la libertad de comercio, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, es totalmente inaplicable en Cuba”.
En ese sentido, la misión recordó la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 1996, la cual declara ilícita la mencionada normativa estadounidense y sin valor ni efecto jurídico alguno en la Isla.
También el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el impacto adverso de las medidas coercitivas unilaterales, Idriss Jazairy, se refirió a cómo la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms–Burton socava las perspectivas económicas de Cuba y causa un grave impacto en el pueblo de la isla.
Según expuso a Prensa Latina, el Título III abre la posibilidad de litigios desde territorio norteamericano contra empresas que hacen negocios en Cuba, y esto afecta aún más el desarrollo general de la isla e impacta de forma negativa en su población.
El Título IV tiene por objeto intensificar todos los impedimentos para el ingreso a los Estados Unidos de aquellos directivos de empresas, y sus familiares, que invierten legalmente en Cuba, en propiedades que fueron nacionalizadas de conformidad con el Derecho Internacional.
Hasta la fecha, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba aparece como el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se aplica contra país alguno.
Pese a que desde 1992 la Asamblea General de la ONU ha aprobado cada año una resolución que pide el fin de ese cerco, Washington sigue desoyendo a la comunidad internacional, y mantiene y recrudece su política hostil.
Por Ibis Frade. Corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Naciones Unidas.
Naciones Unidas, 7 de noviembre 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
