En la primera instancia, la justicia federal de sureño estado de Paraná condenó a Lula a 12 años y 11 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente beneficiarse con las reparaciones en la casa de campo en Atibaia.
A inicios de junio, la defensa del exdirigente obrero protocoló en el TRF-4 las alegaciones contra tal decisión.
La Fiscalía requiere, por ejemplo, que Lula sea condenado por otro crimen de corrupción pasiva, con relación a reformas realizadas por el ganadero José Carlos Bumlai en el lugar.
En primera instancia, el exmandatario fue inocente del delito de corrupción, pero condenado por un lavado de dinero relacionado con la transformación.
La vivienda, que no es de propiedad del exgobernante, está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula.
A pesar de estas pruebas, para la justicia el exjefe de Estado se benefició de las obras por unos 271 mil dólares que hicieron las empresas Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en la estatal Petrobras.
Teniendo en cuenta las infracciones reconocidas en la primera instancia, el MPF quiere el aumento de pena contra el expresidente, al considerar agravantes como, por ejemplo, el hecho de ser figura pública.
Preso desde el 7 de abril de 2018, Lula insiste en que es inocente de todas las acusaciones y alertó en su momento que pretendían excluirlo de la contienda presidencial de octubre, como mismo ocurrió.
Brasilia, 27 de junio 2019
Crónica Digital /PL
