Altas figuras del Gobierno y la política de Chile, deberán declarar en el proceso seguido por el asesinato de un joven mapuche, que conmovió al país y destapó una seria crisis en el cuerpo de Carabineros.
La noticia vuelve a colocar en la palestra la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, que ha seguido una dilatada investigación judicial en la que ahora deberán declarar 73 testigos, incluido el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
También se incluyen otros personas como Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior; y el exgeneral Hermes Soto, director de Carabineros en el momento del asesinato.
Esas altas figuras del Gobierno de Sebastián Piñera, convocadas como testigos, han sido críticadas públicamente por sus responsabilidades políticas por la sarta de mentiras y obstrucciones a la justicia de los efectivos de Carabineros implicados directamente en los hechos que rodearon el caso del asesinato del comunero mapuche.
Inmediatamente después del suceso, el ministro Chadwick informó que la muerte del joven ocurrió en un enfrentamiento con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) y calificó de delincuente a Catrillanca, versión que repitieron otras figuras del Gobierno.
Al cabo de los días salieron a la luz una serie de vídeos que habían sido ocultados y que demostraban que Catrillanca fue asesinado a mansalva por la espalda, que no hubo enfrentamiento alguno y menos que hubiera participado en un hecho delictivo.
Ante tales revelaciones amplios sectores comenzaron a exigir, infructuosamente, la renuncia de Chadwick, y la familia de la víctima demanda que aparezca en el proceso no como testigo sino imputado, por su responsabilidad política y haber mentido al país.
Lo mismo se exige a Hermes Soto, quien finalmente fue obligado a renunciar a su cargo junto a otros 10 altos oficiales de Carabineros, institución que cayó en una profunda crisis de credibilidad.
En cuanto a la marcha del proceso recientemente el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en La Araucanía, Roberto Garrido, presentó las acusaciones contra los ocho uniformados implicados en el asesinato.
Las penas fluctúan entre 15 años en total para el exsargento Carlos Alarcón, autor del disparo que cegó la vida de Catrillanca y por el homicidio frustrado del joven que acompañaba ese día al comunero mapuche, hasta 300 días y multa a quienes ocultaron pruebas, dieron falsos testimonios y obstruyeron la investigación.
Santiago de Chile, 23 de mayo 2019
Crónica Digital /PL
