Sumida hoy en complicados procesos judiciales por escándalos de abusos sexuales desde el pasado año, La Iglesia católica chilena manifestó su objeción a un singular proyecto de ley que busca poner fin al secreto de confesión.
Esa iniciativa tiene el propósito de que las autoridades eclesiásticas estén en la obligación de denunciar delitos contra menores o adultos vulnerables de los que tengan conocimiento mediante confesión, elemento utilizado por la cúpula religiosa en más de una ocasión para mantener en secreto tales desmanes.
El proyecto de ley, aprobado en la Cámara de diputados de la cual pasó a la Comisión de Constitución del Senado, en concreto modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal para incluir a las autoridades religiosas entre quienes están obligados a llevar esos casos a la justicia.
Ante la posibilidad de que esa medida se haga efectiva, la Conferencia Episcopal aseguró que apoya las iniciativas que ayuden a hacer justicia y admitió que la obligatoriedad de denunciar resulta razonable “en todos los ámbitos donde hay presencia de menores, incluidos los religiosos”.
Pero, al mismo tiempo, el secretario general de la Conferencia, obispo Fernando Ramos, calificó de una seria dificultad el hecho de que el secreto de confesión es un sacramento para la Iglesia católica en el mundo entero y que está resguardado por las propias leyes de Chile incluido el Código Penal.
En declaraciones al diario La Tercera el alto representante eclesiástico explicó que si un sacerdote viola el sigilo sacramental, recibe la pena de la excomunión, y aseguró que “no hay legislación en el mundo que haya pasado a llevar este principio”.
Por su parte el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, dijo a Radio Cooperativa que es positivo lo que pretende el proyecto, pero acto seguido consideró inviolable el secreto de confesión y alegó que “hay que salvaguardar siempre la creencia y la conciencia de las personas”, como un derecho humano fundamental.
Ya en marzo último ocurrió un hecho sin precedentes cuando la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el arzobispado indemnizara con 300 millones de pesos chilenos (cerca de 500 mil dólares) a los tres denunciantes de abusos sexuales cometidos por el cura Fernando Karadima.
El caso Karadima fue el detonador de la profunda crisis que todavía hoy sacude a la Iglesia católica en Chile por las numerosas denuncias de abusos perpetrados por decenas de clérigos a todo lo largo del país.
Actualmente los órganos de justicia tienen en su poder alrededor de un centenar de denuncias contra curas de numerosas denominaciones, incluidos altos jerarcas, en unos casos por abusos sexuales y en otros por encubrimiento de esos hechos.
Santiago de Chile, 26 de abril 2019
Crónica Digital /PL
